El diputado Castellano dijo que la operación demostró la decisión firme del gobierno actual de sanear, de una vez por todas, las cuestiones que apuntan a la problemática de la inseguridad dentro del Estado, especialmente en lo que respecta a las penitenciarias.

“Si bien es cierto no se resolvió en su totalidad, creo que el presidente Peña dio un paso muy importante al desarticular la estructura criminal liderada por el clan Rotela en la penitenciaría de Tacumbú”, esgrimió.

También felicitó al vicepresidente Pedro Alliana, al referir que el mismo, en su debido momento, realizó todas las gestiones desde el Congreso Nacional para que se pueda contar con los recursos y herramientas necesarios para el gobierno actual, y para que los ministerios de Justicia y del Interior, puedan realizar este tipo de operativos sin precedentes.

Por otro lado, dijo estar contento porque los actores políticos y sectores de la oposición que tienen intereses creados, hayan aplaudido la intervención realizada en el mencionado reclusorio.

En el mismo tenor, su colega Gamarra, resaltó las acciones lideradas por el presidente Peña, al manifestar que es un logro sumamente importante para la República del Paraguay, siendo así un puntapié inicial de muchas acciones a ser determinadas desde el gobierno.

“Primeramente, la baja en el costo del combustible; la reducción del precio del pasaje (media y larga distancias); la toma de control en la penitenciaría más peligrosa del continente, que culminó con el desbaratamiento de una facción delictiva que operaba desde el penal de Tacumbú; todas estas acciones forman parte de las promesas hechas en campaña”, significó el parlamentario.

Expresó, igualmente, que el operativo policial-militar que se llevó a cabo el lunes pasado en la Penitenciaría de Tacumbú, es un signo inequívoco que éste gobierno está priorizando la seguridad de la gente y los intereses de los ciudadanos.

“Más allá que unos busquen el fracaso, hacer la contra, por ganarse un show mediático, todo lo que venga del Ejecutivo será para bien”, puntualizó.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.