El parlamentario liberal se refirió primeramente sobre la reglamentación de la pérdida de investidura, pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados, y confirmó que hasta el momento aún no existen señales de que dicho tema será tratado por el pleno.

“De que se está dilatando, se está dilatando. Hasta ahora no tenemos definido si va a ser mediante una reglamentación por ley o por el reglamento interno”, refirió, dando cuenta de la indefinición que se mantiene sobre esta cuestión.

Sobre este último punto, Ávalos Mariño indicó que desde un grupo de diputados siguen sosteniendo que la pérdida de investidura debe ser reglamentada a través de una resolución interna de la Cámara Baja y no mediante una ley, pero lamentó que “ni siquiera eso se ha debatido”.

El parlamentario liberal sostuvo que es muy difícil que este tema se trate antes del receso parlamentario tal y como se presenta el escenario actual.

“La Cámara de Diputados aparece como la más reacia a incorporarse a esta primavera de transparencia que hay en el país. Es una pena porque éste es el momento de que como cámara podamos aportar para transparentar el país”, manifestó, refiriéndose a los casos que involucraron a políticos y parlamentarios que terminan siendo procesados por la justicia.

Siguiendo con este mismo tema, refirió: “Percibimos desde el Ejecutivo que hay un interés real por buscar transparencia y en el Senado también han dado muestras de trabajar en esa línea con todos los procesos de pérdida de investidura, pero en Diputados lo único que ponemos son trabas al no tomar una determinación”.

Ávalos Mariño también hizo mención a los pedidos de intervención a cuatro municipios y cuestionó que, al igual que en el caso anterior, se dilate el tratamiento de este tema en la Cámara de Diputados. “Son cuestiones que el momento amerita a que sean tratados con urgencia”, acotó.

Al respecto, adelantó que probablemente se esté cometiendo el error de repetir el procedimiento debido a que el tratamiento de las intervenciones estará en manos de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados y, al mismo tiempo, de la comisión especial que debe ser conformada para el efecto, situación que considera como otra estrategia para dilatar el tema.

En total existen cuatro pedidos de intervención a las municipalidades de Ciudad del Este (Alto Paraná), Limpio (Central), Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) y La Colmena (Paraguarí).

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

Lea también: Kattya fue funcionaria sin concurso, y ahora "el muerto se asusta del degollado"

“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

Leé más: Kattya González fue asesora del Congreso en el pasado

El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

Puede interesar: “Apoyo a emprendedores es fundamental para la generación de empleos”

“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.