Kattya González, diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), manifestó a Radio La Unión que con esta se completará la tercera semana desde que formalizaron la intención de pérdida de investidura de Ibáñez.

A su criterio, “un Estado de derecho que tiene una indignación selectiva con sus actores políticos” hace que hasta el momento no se cuente con la cantidad de parlamentarios suficientes para tratar el tema en la plenaria.

González sostuvo que es necesario proponer en la Cámara de Diputados un debate sobre la figura de la pérdida de investidura ya que aún no se ha analizado dicha cuestión con detenimiento, sobre todo en el contexto existente hoy día con el caso Ibañez.

Al ser consultada sobre si se están debilitando debido a que aún no juntaron todas las firmas, la diputada del PEN negó que tal cosa haya ocurrido y dijo que, por el contrario, le sorprendió que hayan podido llegar a completar los 15 proponentes para presentar la solicitud.

“Los 80 (diputados) saben que la carpeta existe, es simplemente cuestión de que hayan reflexionado el fin de semana, que me llamen y ya está, es sencillo el trámite”, afirmó al referirse sobre la posibilidad de que otros colegas suyos se adhieran al pedido contra Ibáñez y firmen la nota.

González admitió que si bien hubo una presión mediática muy fuerte en este caso, muy por el contrario no se vió una manifestación popular contra el diputado colorado que había sido procesado por la justicia por el caso conocido como “caseros de oro”.

“A lo mejor tiene que ocurrir una salida que no sea precisamente la pérdida de investidura sino una reflexión profunda y una renuncia, lo cual también sería un camino digno para dar un corte a este tema”, expresó la parlamentaria, mostrándose a favor de que José María Ibáñez se aparte del cargo por motus propio.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.