POR LOURDES PINTOS

Periodista

lourdes.pintos@gruponacion.com.py

Las solicitudes de transferencias de recursos generadas por la Dirección General de Administración y finanzas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), con fondos del Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y del Sis­tema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sina­focal), no fueron avaladas por la directora del SNPP, Addis Merlo, tampoco por el secre­tario técnico del Sinafocal, Alfredo Mongelós.

Lo que la ministra Carla Bacigalupo sostiene es que ambas entidades son depen­dientes del MTESS y bajo este argumento utilizó sus presupuestos por un total de G. 1.494.308.512 en sólo siete meses de gestión (desde el 15 de agosto del 2018 al 31 de marzo del 2019). El dinero debía ser destinado a los programas y proyectos de ambas entidades, pero final­mente se usó en pagos de alquileres, pagos por el ser­vicio de limpieza, compras de mobiliarios entre otras cosas, todo para el Minis­terio del Trabajo.

Todas estas irregularidades ya fueron publicadas meses atrás por La Nación, ante la cantidad de denuncias sobre su gestión, Bacigalupo soli­citó una auditoría al Poder Ejecutivo. Tras varios días de trabajo, el equipo audi­tor entregó el resultado final de la misma el pasado mes de agosto y en él se con­firma que efectivamente se mal utilizaron los fondos de ambas instituciones.

SINAFOCAL RESPONDIÓ

La Nación accedió a un documento con fecha 2 de setiembre de este año (2019), en el que se constata que una vez que el resultado de auditoría llegó a manos de las autoridades de las instituciones involucra­das, Alfredo Mongelós, del Sinafocal, envió una nota a Bacigalupo solicitando el inicio de los trámites admi­nistrativos necesarios para la implementación inme­diata de una serie de medi­das que permitan el mejora­miento administrativo del Sinafocal. Además, pidió la creación de una unidad de finanzas en el ente a su cargo, pero aparentemente esa nota no fue respondida.

“Es sumamente importante tener en cuenta el resultado del informe final de la audi­toría general del Poder Eje­cutivo, practicada al Sinafo­cal; en la cual se presentan una serie de inconsistencias de naturaleza presupues­taria, sobre la utilización indiscriminada de recursos genuinos provenientes del Aporte Obrero Patronal y blindados por ley especial de creación, por parte de la Dirección General de Admi­nistración y Finanzas del MTESS, por un importe de G. 712. 270.216. Estos pro­cedimientos han sido cues­tionados y documentados en tiempo y forma por parte de la Secretaría Técnica por considerarlos irregulares”, menciona la nota firmada por Mongelós.

Con esto queda en eviden­cia que efectivamente Baci­galupo habría ignorado las advertencias hechas con respecto a la mala utiliza­ción de los fondos, pero aún así las solicitudes de trans­ferencias de recursos del SNPP y del Sinafocal con­tinuaron generándose con total normalidad.

Si bien la ministra men­ciona que las dos institu­ciones son dependientes del ministerio, hay que tener en cuenta que ambas fue­ron creadas por sus propias leyes, por lo tanto se debe respetar lo que estipulan las mimas, ya que no existe ninguna otra ley que dero­gue las que están vigentes.

Pero a sabiendas de que los procedimientos eran irre­gulares, Bacigalupo pasó por alto la Ley Nº 1.265/87 del SNPP, que estipula que la administración estará a cargo del director general, quien será el encargado de ejercer la representación legal y administrarla, en este caso la señora Addis Merlo.

En tanto que la Ley 1.652/2000, del Sinafocal, menciona que la Secretaría Técnica asume las funcio­nes y competencias confe­ridas en la ley y la función del secretario técnico será la de administrar los recur­sos financieros de forma­ción y capacitación.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.