El precandidato a Senador por el movimiento Honor Colorado y actual apoderado de la ANR, Eduardo González, presentó el día lunes una acción constitucional de habeas data ante Tribunal Electoral de la Capital Primer Turno en vista a la inclusión de sus datos en el padrón de la Concertación.

En entrevista con HOY/Nación Media, explicó que promovió este recurso legal debido a que la incorporación de su nombre en dicho padrón representa una afectación en sus legítimos derechos políticos, sobre todo considerando que en ningún momento otorgó su autorización para que eso ocurra.

“Yo he optado por un partido político para estar en una interna partidaria, eso está establecido en el Código Electoral, y por una decisión arbitraria, ilegal e irregular del TSJE se ha dispuesto que todos los paraguayos estemos en el padrón de la Concertación”, refirió.

Asimismo, dijo que, al haber optado por estar en el Partido Colorado, no quiere que su nombre figure en un padrón a ser utilizado por una agrupación política con la que no tiene afinidad alguna, ni ideológica, ni política o con sus autoridades. “Nadie puede obligarme a estar en una asociación a la que yo no quiero integrar”.

Según mencionó, decidió recurrir directamente a la instancia judicial y no a la administrativa debido a que no tiene plena certeza de que efectivamente la Concertación -a la que también remitió la misma solicitud a través de su Tribunal Electoral Independiente (TEI)- cumpla con este trámite al no haber un control efectivo.

Al figurar su nombre en dos padrones diferentes, también corre el riesgo de que una persona acuda a votar en las internas de la Concertación con su nombre, lo cual a su vez podría acarrear consecuencias a nivel penal y partidario por el “doble voto”.

El pedido puntual que realiza Eduardo González es que se pueda hacer una rectificación de sus datos, a fin de ser excluido del padrón de la Concertación.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.