En entrevista con el programa Fuego Cruzado emitido por GEN/Nación Media, el abogado Pedro Ovelar manifestó que la sanción comunicada por el embajador norteamericano Marc Ostfield tiene una interpretación jurídica y, a la par, también pretende tener una consecuencia política y electoral.

Recordó lo señalado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, donde se estipula el derecho a la defensa a una persona que eventualmente pudiera ser sancionada, hecho que no ocurrió en este caso con el expresidente Horacio Cartes, quien no fue debidamente informado sobre mayores detalles en relación a la acusación en su contra.

“Si bien la comunicación de la sanción se ampara en una ley americana, los efectos y la connotación que esto se da a partir de una conferencia de prensa con todos los medios paraguayos tiene definitivamente una incidencia dentro del territorio nacional y más que nada porque juzga conductas realizadas en Paraguay”, mencionó.

Ovelar recordó la primera designación y aseguró que la intención de aquel anuncio fue afectar políticamente al movimiento Honor Colorado y en especial a Horacio Cartes, quien en ese momento era candidato a presidente de la Junta la Junta de Gobierno de la ANR, intento que terminó fracasando tras la victoria que obtuvo el pasado 18 de diciembre.

“La escalada en este momento está en afectarlo económicamente y por consecuencia también políticamente en las elecciones del 30 de abril”, manifestó el profesional del derecho.

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A su criterio, esta historia tendrá varios escenarios donde buscarán crear este tipo de situaciones, aunque anticipó que “están preparados para recibir cualquier tipo de ataque” proveniente del sector opositor “manipulando instituciones en Paraguay y también llevando información falsa e interesada”.

Aprovechó la ocasión para brindar tranquilidad a los empleados que forman parte del Grupo Cartes y a los empresarios que tienen negocios con alguna de las empresas en las que es accionista, aclarando que la sanción de EE.UU. no implica consecuencias en Paraguay. “Todas esas visiones apocalípticas que señalan grupos interesados o algunos profesionales incluso no son tales”.

Ovelar sostuvo que hacer una defensa legal en estas condiciones es difícil, teniendo en cuenta que hasta el momento no existe ninguna prueba de los hechos que forman parte de la acusación. “Eso va a ser reclamado en los Estados Unidos y en su momento los responsables de esta situación van a tener que responder, hay muchos actores ocultos en esta situación”.

“Horacio Cartes es un perseguido, una persona inocente perseguida y eso va a tener consecuencias en el futuro, porque históricamente se ve que este tipo de persecuciones terminan en algún momento”, agregó.

Asimismo, negó un supuesto vínculo de HC con el grupo Hezbollah y sostuvo que se trata de una acusación absurda, teniendo en cuenta las inversiones y emprendimientos entre su grupo empresarial e Israel, sin mencionar el grado de amistad con el gobierno israelí. “Eso no es cierto, eso está montado”.

Ovelar confirmó que hasta ahora no se ha iniciado ningún proceso a nivel del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Horacio Cartes, además de las sanciones que fueron impuestas por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, por lo que no existe una acusación judicial formal.

SENADOR REPUDIA INTROMISIÓN Y ATAQUE A LA ANR

A su vez, el senador colorado Juan Carlos Galaverna también se expresó en relación a este tema y manifestó que “es un episodio más de la novela libertada desde el imperio del norte, en cumplimiento a proyectos globalistas”.

Según considera, estas acusaciones provenientes de Estados Unidos forman parte de un plan de destrucción de los partidos tradicionales en la región, incluyendo a la ANR que es “uno de los pocos partidos tradicionales con fuerza popular que queda”.

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“Calé” habla de un proceder “ilícito” por parte del gobierno de los Estados Unidos y de su representación diplomática en nuestro país, así como de una “grosera intervención con fines políticos” al plantear las acusaciones contra Horacio Cartes, así como contra el vicepresidente Hugo Velázquez.

El legislador reiteró su posición contraria a la injerencia del Gobierno de EE.UU. y dijo que no debe tener la facultad de intervenir en los asuntos internos del Paraguay de manera tan grosera, como ocurrió en esta oportunidad.

Respecto a la afectación que podría tener este anuncio en la campaña electoral y en las elecciones nacionales, dijo tener confianza en que el proyecto de la Lista 1 seguirá firme hasta llegar al próximo 30 de abril, augurando una victoria de la dupla presidencial de Santiago Peña y Pedro Alliana.

“No pisemos el palito de convertir esto en el centro de la campaña electoral que es lo que evidentemente buscan cuando un imbécil embajador como el yankee nos dice ‘esto no tiene nada que ver con la política’, nos está tratando de estúpidos, claro que es político”, agregó durante la entrevista.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.