A través de una nota difundida en el transcurso de este miércoles, se dio a conocer la más reciente decisión surgida del seno del Partido Liberal.

Se trata de la expulsión del Directorio del PLRA de los senadores Fernando Silva Facetti, José Ledesma, Juan Bartolomé Ramírez y Blas Lanzoni.

En la ocasión, también se ha convocado para ocupar sus cargos a los suplentes Eduardo Bedoya, Carolina Aranda Fernández, Miguel Ángel Giringhelli y Juan Carlos González.

De acuerdo al documento, la expulsión de los senadores liberales se da a consecuencia de “ausencias reiteradas” y del “apartamiento de los mismos de manera sistemática, continua y reiterativa a la línea política del partido, de su directorio, así como del Comité Político y a los Estatutos Partidarios, perjudicando gravemente la imagen del PLRA”.

El estatuto interno del Partido Liberal establece que la ausencia por más de 5 sesiones consecutivas u 8 alternadas en el año es causal de pérdida de la calidad de miembro del directorio.

La expulsión de Silva Facetti, Ledesma, Lanzoni y Ramírez se dio como consecuencia de que los mismos votaron a favor de la designación de César Diesel como ministro de la Corte Suprema de Justicia.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente del PLRA, Efraín Alegre, manifestó que “ante los acontecimientos producidos en el Congreso, donde senadores electos votaron en contra de la gente y el mandato constitucional”, se ha decidido la inmediata expulsión de los mismos.

Asimismo, habló de reiniciar todos los trámites de la convención que ya ha sido convocada a los efectos de que en la misma “se pueda sanear de una vez por toda al Partido Liberal”.

Por su parte, Cristian González, apoderado del PLRA, en entrevista con Radio La Unión confirmó que estas “son consecuencias políticas basadas en la norma estatutaria”.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.