Fuente: La Nación

El caso de la agente fis­cal adjunta del Minis­terio Público Lourdes Samaniego no es un hecho en paralelo a los casos de magis­trados que participaron en las últimas internas parti­darias porque, más allá de la acción de sufragar, la misma ha participado abiertamente de actos proselitistas cuando ni siquiera el permiso que soli­citó estaba en vigencia.

Por resolución de fecha 1 de junio del 2022, la Fiscalía General del Estado “concede permiso por razones particu­lares, sin goce de sueldo, a la agente fiscal adjunta encar­gada del Área II del Ministerio Público (…) Lourdes Samaniego González, desde el 1 de junio hasta el 29 de agosto del 2022″.

Sin embargo, la esposa de Velázquez, antes que entrara en vigencia la autorización para salir de permiso por tres meses, ya estaba parti­cipando de mítines políticos. Pero como si fuera poco y fal­tara condimentos a esta cues­tionada situación, no podemos dejar de mencionar que el 23 de mayo del 2022 el vicepre­sidente de la República min­tió públicamente al informar a través de sus redes sociales que su señora había presen­tado renuncia a la Fiscalía, celebrando que ese día fue la primera vez que la acompañó en su campaña política.

Las fotografías y las filmacio­nes de los mítines políticos compartidas en redes sociales a través de la cuenta oficial del Vicepresidente, con anterio­ridad a la entrada en vigencia de la resolución de la Fiscalía General del Estado, ya eviden­cian que la fiscal Samaniego podría estar incumpliendo las normativas constitucionales.

Es importante citar en este aspecto lo señalado en el artí­culo 254 de la Constitución de la República en lo que refiere a las incompatibilidades de los fiscales y jueces.

El texto dice: “Los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remu­nerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesio­nal o política alguna, ni desem­peñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos”.

El abogado constitucionalista y senador nacional Eusebio Ramón Ayala explicó clara­mente que el objetivo de esta norma constitucional es salva­guardar la independencia judi­cial y el mejor proceder.

“Los magistrados tienen una obligación de ser imparciales, entonces, no pueden desarro­llar actividades político-par­tidarias, pertenecer a un par­tido activamente, votar, opinar, desde el momento en que asume el cargo. No solamente de la política partidaria, sino de otros rubros”, destacó el cons­titucionalista.

Aunque en el caso particular de la fiscal Samaniego, el sena­dor Ayala mencionó que, si bien está con permiso, no deja de ser fiscal adjunta activa, y resalta que la Carta Magna prohíbe la participación en todo tipo de actividad política, no sola­mente se refiere al sufragio.

“Participar en un acto prose­litista ya es una actividad polí­tica, al estar en un mitin polí­tico partidario es categórico que se está violando la Consti­tución”, refirió el senador.

Pero no solamente es cuestio­nable desde la posibilidad de una contravención a la norma constitucional por parte de la esposa del Vicepresidente, sino también una presunta infracción a lo que establece la Carta Orgánica del Ministe­rio Público en su artículo 268 donde textualmente señala que es deber y atribución del Ministerio Público velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales.

Estos señalamientos jurídicos podrán ser elementos para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) observe detalladamente al momento del estudio de la investigación de oficio que se anunció en con­tra de la esposa de Hugo Veláz­quez y de los demás represen­tantes del Ministerio Público que votaron en las internas.

De esta forma, claro está que desde el 23 de mayo la fiscal adjunta Lourdes Samaniego estuvo acompañando a su esposo en actos proselitistas, y aunque se justifique su par­ticipación en estas actividades porque ella cuenta con un per­miso, no es menos cierto que este permiso entró en vigencia el 1 de junio, por lo que se deberá evaluar la existencia de causales para su destitución de la Fiscalía.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.