“Mi solidaridad como Paraguayo con Efraín Alegre, a pesar de nuestras diferencias, un ciudadano y líder político que tiene el legítimo derecho de ejercer oposición política con las garantías propias de un Estado Republicano”, tuiteó el legislador de Colorado Añetete.

Friedmann además escribió: “No podemos seguir soportando una Fiscalía General que opera con procesos inventados al antojo y capricho de la mafia cartista con absoluta impunidad. Eliminar a como dé lugar a los adversarios políticos del cartismo es la consigna… Eso queda en evidencia”.

Vale recordar que al igual que Alegre, Rodolfo Friedmann está siendo investigado por la justicia y su abogado defensor es justamente Guillermo Duarte Cacavelos, quien también representa al político liberal en su proceso judicial.

En el marco de la investigación del negociado con la empresa Essa, el fiscal Osmar Legal imputó en agosto del 2020 por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal, cohecho pasivo y adquisición en calidad de autor a Friedmann. También a su esposa Marly Eliana Figueredo López por lavado de dinero en calidad de autora.

La farandulera y Friedmann Alfaro fueron salpicados en un escándalo de corrupción en la gobernación de Guairá. La pareja es señalada de financiar su boda, viajes y varios lujos, con la recaudación de la mencionada entidad pública. Entre ellos el automóvil Mercedes Benz color negro, tipo GLE año 2017, valuada en 109.000 dólares, propiedad de Marly, regalo de cumpleaños de Friedmann.

CASO ALEGRE

El Ministerio Público imputó a Efraín Alegre por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, al haber presentado factura falsa por G. 98 millones ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como rendición de cuentas de su campaña electoral. En este caso también están imputados los dos administradores de la campaña de Alegre en el Alto Paraná, Pascual Benítez Barrios y Luis Moriz.

Según los antecedentes publicados por La Nación, una serie de facturas falsificadas sacan a la luz algunos trapos sucios de la administración del Partido Liberal Radical Auténtico, a cargo de Efraín Alegre. Las adulteraciones se venían realizando en el marco de la campaña electoral del 2018, según las investigaciones.

En declaraciones ante el Ministerio Público, el administrador de la campaña de Alto Paraná, Pascual Benítez, dejó al descubierto las prácticas de maquillaje que se utilizaban. Imputado por producción, mediación y uso de documento de contenido no auténtico para la rendición de cuentas de las elecciones generales del 2018, declaró que fue el dirigente Luis Moriz quien presentó la factura denunciada, por insistencia de Primio Arce, mano derecha de Alegre. Aseguró que no tenía conocimiento, ni mucho menos participación, en los hechos denunciados.

En agosto del año pasado, la jueza de Garantías Cynthia Lovera, impuso medidas alternativas a la prisión para Alegre, como prohibición de salir del país, cambiar de domicilio y el pago de una fianza, sin embargo, el político desde ese momento se negó a cumplir con el mandato judicial.

Es así que, luego de varios meses, la magistrada dispuso ayer su privación de libertad por incumplir las medidas.

El líder del liberalismo, Efraín Alegre, preso número 171, pasó su primera noche en la Agrupación Especializada. A tempranas horas de este viernes, recibió la visita de Fernando Lugo y Olimpio Rojas.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.