En una maratónica sesión, Dionisio Amarilla perdió la investidura parlamentaria con 31 votos de sus colegas, 9 intentaron salvarle y 2 se abstuvieron.

Dionisio Amarilla fue acusado por uso indebido de influencias, tras el video en que se lo ve como mediador entre un periodista y el encargado de una empresa de seguridad que pretendía quedarse con una millonaria licitación del Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante la sesión, varias veces Amarilla intentó que se prorrogue el tratamiento de la pérdida de investidura. Pero, las veces que solicitó, lo rechazaron.

Otra de las jugadas realizadas por Amarilla, fue la presentación por parte de dos senadores llanistas de un pedido de suspensión por 60 días, para realizar una investigación con respecto a las acusaciones. Dicho proyecto, tampoco prosperó.

Además, Dionisio buscó parar su destitución, presentando un proyecto de pérdida de investidura de su colega Patrick Kemper (Hagamos).

En todo momento, durante su defensa, Dionisio Amarilla dijo ser inocente de los hechos que se le atribuye y se calificó como “víctima de una injusticia”. En su defensa de más de seis horas, recurrió a todo tipo de materiales: publicaciones periodísticas, videos de programas de televisión, mensaje del Papa Francisco, tuits y hasta memes.

Amarilla es el tercer senador que es echado del Congreso, tras Óscar González Daher y Víctor Bogado.

En reemplazo de Amarilla asumirá en la próxima sesión el liberal efrainista, Eusebio Ramón Ayala.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.