El ministro de Hacienda, Benigno López, mencionó que no se puede hablar de aumentos salariales, por lo menos, hasta el 2022, a raíz de la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, alegando que la desigualdad y la pobreza serán mayores tras afrontar la pandemia. Abogó también para que el Paraguay pueda impulsar el proceso de reforma en el sector público afirmando que cuenta con todas las herramientas, publica hoy La Nación.

“No se puede hablar de aumento salarial, por lo menos, hasta el 2022, todo dependiendo de cómo se dé la situación económica. Si habría aumento salarial, tendría que ser solo para la gente que moja la camiseta tras una reducción de personal”, sostuvo.

Por otra parte, López indicó que el país debe impulsar el proceso de reforma en el sector público sosteniendo que los cambios deben centrarse en el servicio civil, a las compras públicas y al sistema de pensiones, de forma a mejorar el gasto público, puntos que se establecen en la propuesta del Poder Ejecutivo.

“El desafío será mayor a lo que se hizo durante la pandemia, porque la desigualdad y la pobreza serán mayores, a pesar de que se recupere la recaudación y haya crecimiento económico del país. Será un proceso complicado, pero Paraguay tiene todas las herramientas para superar, pero se debe concretar la reforma”, comentó.

Por otra parte, dijo que en el transcurso de la semana estará presentando su renuncia al cargo con la finalidad de postularse para la vicepresidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), debido a que cuenta incluso con el respaldo del presidente del banco económico, Mauricio Claver-Carone.

“Es una decisión del presidente, no le recomendé. Solo le dije que mire la casa, porque hay gente de primer nivel. Él tiene su propio proceso de reflexión. Lo bueno es que él (Mario Abdo Benítez) te escucha, sea yo su hermano o no, pero luego él decide lo que cree conveniente”, comentó durante una entrevista en La Lupa.

Entre los candidatos a encabezar el Ministerio de Hacienda se encuentran Óscar Llamosas, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda así como Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Incluso, en un momento se habló también sobre el director paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.