Fuente: La Nación.

Políticos denunciados por supuestos vínculos con el narcotráfico y por fraude, compra de cédulas, abuso de poder, imputados por estafa y por falsificación de documentos forman la foja de antecedentes de los leales y elegidos del presidenciable Mario Abdo Benítez. El precandidato del movimiento Colorado Añetete tiene en su equipo a cuestionados dirigentes colorados, legisladores y exministros que apuntan a ocupar jugosos cargos públicos y/o pugnan por puestos electivos en los comicios venideros. Otros especulan con “negociados” con el Estado.

El “líder” de Mario Abdo, el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, se postulará a la Senaduría y va por su sexto período en la legislatura. Galaverna tiene como antecedente el haber admitido ser el responsable del fraude de 1992 para evitar el triunfo de Luis María Argaña en las elecciones coloradas.

“Si yo hice eso no fue porque fui un kamikaze, porque soy un tipo al que le gusta la autoflagelación como un sadomasoquista de la política. Tenían (los castiglionistas) un plan de propaganda, afiches, spot en televisión, avisos radiales para decir que Nicanor fue el responsable del fraude en las internas del 92 y que Blanca estaba metida. Yo soy hombre de equipo y por eso decidí actuar de pararrayos”, había declarado “Calé” al indicar que cometía un “sincericidio” al asumir la culpabilidad. Estas afirmaciones fueron transcriptas en publicaciones de los medios de prensa en enero del 2008.

COMPRADOR DE CÉDULAS

Silvio Ovelar, quien busca la reelección por el movimiento Colorado Añetete, se ganó el mote de senador “Trato apu’a” tras ser filmado en plena época electoral negociando la compra de votos. Según los archivos, “Beto” fue grabado en abril del 2013, días antes de las elecciones generales, en plena tratativa para compra de votos con un dirigente liberal. Tras las publicaciones, el pleno de la Cámara de Senadores decidió suspender durante dos meses sin goce de suelto al citado parlamentario, quien logró el rekutu en el Congreso.

El vicepresidente de la República, Juan Afara, también integra el selecto equipo de Marito. El mismo fue denunciado por abuso de poder por el senador Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), quien lo acusó de ser el responsable de la destitución del intendente de María Auxiliadora, distrito de Tomás Romero Pereira, Víctor Casas.

“Me estoy refiriendo al abuso de poder y a la violación de la Constitución Nacional por parte de políticos, magistrados y jueces. En el caso del señor Casas, intendente de María Auxiliadora, quien fue destituido. Todo comenzó con las denuncias planteadas en contra de Juan Afara por un concejal. Estas denuncias derivaron en denuncias penales y Afara, en complicidad con la Justicia, logró que se lo destituya arbitrariamente”, sostuvo Santacruz en plena sesión del Senado el 2 de octubre del 2014.

“CASEROS DE ORO”

El disidente José María Ibáñez, imputado y procesado por estafa en el sonado caso de los “caseros de oro”, que está congelado en la Corte Suprema de Justicia, también es del equipo político del movimiento Colorado Añetete. Se postula para el rekutu en la Cámara de Diputados detrás del ex oviedista Ariel Oviedo.

Ibáñez está acusado por estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios. En el caso también están procesadas la esposa del político, Lorena Plabst, quien cobraba el dinero que se les depositaba a los empleados, y la exjefa de Gabinete de la Cámara de Diputados María Liz Gutiérrez, por haber sido cómplice de Ibáñez. Los caseros Favio Ernán Gómez Chamorro, Éver Isaac y Viviana Patricia Falcón Valenzuela también fueron imputados.

El exsenador y exministro del Interior y de Obras Públicas Roberto González es otro de los leales de Mario Abdo Benítez. El mismo fue destituido del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, cuando cayó un cargamento de CD, que habría sido vinculado al empresario A.J. Vierci. Asimismo, González fue imputado por presunta falsificación de guías de traslado de vacunos en el sonado caso del Fondo Ganadero.

SOSPECHADOS DE NARCOPOLÍTICA

Con pruebas documentales brindadas por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el senador Arnaldo Giuzzio evidenció en la sesión del Senado la sospechosa relación del diputado Freddy D’Ecclessis con narcotraficantes que operan en toda la región del norte del país.

Cabe recordar que durante la sesión del pasado 20 de noviembre del 2014, el senador Giuzzio presentó un informe –basado en escuchas y otras evidencias– sobre aparentes nexos de políticos con narcos. En la lista figuraba Freddy D’Ecclesiis.

SE ENRIQUECIÓ CON PUZOLANA

Otro político con “buen currículum” que integra el equipo de Marito es el exlegislador parlasuriano Herminio Cáceres, quien según denuncias periodísticas del diario Abc color del 5 de julio del 2008, habría armado una empresa y aprovechando sus influencias se convirtió en el único proveedor de puzolana de la Industria Nacional del Cemento (INC) en aquella época.

El diputado Óscar Tuma pasó del oficialismo a la disidencia para postularse como senador para el próximo período legislativo. El parlamentario es conocido por haber planteado en setiembre del 2008 un proyecto de ley en el cual pidió la exoneración de impuestos a vehículos de legisladores. Su propia madre, Carmen Bogado de Tuma, había declarado que se avergonzaba por la actitud de su hijo, según una publicación del diario Última Hora del 12 de setiembre del 2008.

HUGO VELÁZQUEZ

Hugo Velázquez, expresidente de la Cámara de Diputados y actualmente candidato a la Vicepresidencia de la República por el movimiento Colorado Añetete (ANR), tuvo un veloz y sospechoso ascenso en la arena política aparentemente gracias a la amistad que tiene con el ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos.

Velázquez era solo presidente de una seccional, pero saltó al Ministerio Público asumiendo como fiscal de Luque y, poco después, ya ocupó el cargo de fiscal adjunto en Alto Paraná. Su desempeño como fiscal tuvo fuertes cuestionamientos, como denuncias por supuestos pedidos de coimas en los que se vieron salpicados un estudio jurídico que habría funcionado de nexo. También se habría beneficiado con millonarias adjudicaciones por trabajos jurídicos en Itaipú Binacional.

EDUARDO PETTA

El senador Eduardo Petta, precandidato a la Gobernación de Central por la ANR, no tiene militancia política colorada y se caracteriza por abrirse paso a costa de distintos partidos. Accedió a un cargo en el Parlamento a través del Partido Encuentro Nacional (PEN), fue muy cercano al ex presidente Fernando Lugo del Frente Guasu y acompañó la candidatura de Efraín Alegre por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en los comicios del 2013.

Fue fiscal Antidrogas en Encarnación hasta el 2003, pero fue apartado del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones. El JEM acusó a Petta de violar la soberanía nacional.

En el 2008, tras una alianza con Fernando Lugo, accedió al cargo de director de la Policía Caminera (actualmente Patrulla Caminera). La Contraloría General de la República detectó en su administración “millonarias” irregularidades como, por ejemplo, gastos de G. 7.200 millones que no pudieron ser justificados.

“MARISCALA DE LA DERROTA”

Fue ministra de Educación durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008). Luego este la lanzó como su candidata a la Presidencia de la República por la ANR para el período 2008-2013. Sin embargo, esta decisión la pagó cara con la caída del Partido Colorado después de 61 años en el poder, motivo por el cual Ovelar es conocida por muchos como la “Mariscala de la derrota”.

La exministra fue denunciada por el ex diputado Ismael Echagüe ante el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos y lesión de confianza por supuestas irregularidades dentro del programa merienda escolar, que fueron detectadas por la Contraloría General de la República (CGR).

EL GRAN TRAIDOR DE LA ANR

El senador Luis Alberto Castiglioni, líder del movimiento Vanguardia Colorada, es sindicado como uno de los principales responsables de la derrota y caída del Partido Colorado en las elecciones presidenciales del 2008, luego de 61 años al frente del poder.

Castiglioni no aceptó haber perdido las internas del 2007 contra Blanca Ovelar y denunció supuestos fraudes contra su lista. Tras esa derrota, cerca de las elecciones generales, se unió a la oposición y posibilitó la victoria del senador Fernando Lugo. En el día de las votaciones, persuadió a sus seguidores y los invitó a no votar por la candidata de la ANR en un momento clave del acto eleccionario. Así, inclinó la balanza hacia Lugo, quien tumbó a la ANR luego de 61 años en el poder. Se sabe que en el gobierno del ex obispo fue premiado y su empresa ampliamente beneficiada con jugosas adjudicaciones.

SALOMÓN, DENUNCIADO POR FERRER

El actual senador Óscar “Cachito” Salomón (ANR) fue denunciado ante la Junta de Gobierno en el 2015 por el actual intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, quien alegó violaciones del estatuto partidario, desacato a resoluciones del Tribunal Electoral Partidario (TEP) y rebeldía contra candidato proclamado por el TEP.

Ferrer también pidió la expulsión de Salomón del Partido Colorado, ya que aparentemente este había instigado a sus seguidores a votar por el candidato opositor Iván Allende, lo que derivó en la pérdida de dos lugares en la bancada de la Junta Municipal.

ENRIQUE BACCHETTA

El senador Enrique Bacchetta, de la bancada del movimiento Colorado Añetete, es señalado por muchos como el protector de fiscales y jueces corruptos, utilizando de respaldo la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.