El diputado Enrique Mineur confirmó a radio Ñanduti que se está hablando en el Poder Legislativo la posibilidad de instalar un juicio político del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ante la ola de inseguridad que se registra en varios frentes.

“Cuando tu liderazgo en la cartera del Interior, que es la cartera encargada de la seguridad interna del país y a la inexistencia de un plan nacional de seguridad, produciéndose dolorosamente estos acontecimientos que demuestran la incapacidad de poder reaccionar, porque no tenemos la capacidad de valorar todos los elementos de inteligencia que nos permiten observar dentro de esta naturaleza, que nos convierten en blancos blandos para que se produzcan atentados, nosotros debemos convocar a la autoridad e instalar una interpelación y si esta es insuficiente se activarán todos los mecanismos constitucionales”, expresó.

Mineur indicó que si Arnaldo Giuzzio sabía de la existencia de personas con antecedentes penales y vinculadas al narcotráfico en San Bernardino, no tuvo que haberse quedado con los brazos cruzados, ya que el Anfiteatro de esta manera se convertía en un “blanco” por la gran concurrencia de gente.

El político liberal señaló que aún no se decidió si se apostará por el juicio político directamente o primero irán por la interpelación, aunque reconoció sobre este segundo mecanismo que podría resultar hasta insuficiente a estas alturas.

A su parecer, lo importante es que el Congreso evalúe el liderazgo de Giuzzio y su actuación en el combate de la delincuencia.

“Las próximas horas serán cruciales”, respondió sobre cuándo se tendrá una resolución sobre los pasos a dar. “La realidad que vivimos hoy es muy dura”, agregó.

Esta situación política se generó tras la tragedia que conmocionó a todo el país con la muerte de la modelo Cristina “Vita” Aranda y otra persona identificada como Marcos Rojas Mora en un festival de música en San Bernardino.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.