José Rafael Rojas, presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la Concertación, comentó a Radio Monumental que para las internas de diciembre se ha establecido que la votación para la chapa presidencial se realice en los local habilitados por esta agrupación, utilizando el padrón nacional que fue autorizado por el TSJE (y que ya ha sido depurado).

Cada partido político que forma parte de la Concertación (por ejemplo, el PLRA) tendrá sus propias mesas habilitadas para que sus afiliados puedan sufragar. En las máquinas de votación se incluirán tanto los nombres de los candidatos a cargos plurinominales (senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales) como los de las diferentes duplas presidenciales.

Los padrones de cada partido van a ser separados del padrón nacional que usará la Concertación para no tener una duplicación, mencionó Rojas. En el caso puntual del Partido Liberal, sus afiliados votarán con su respectivo padrón pero los cargos de la Concertación van a estar incluidos en las mismas máquinas de votación.

Para las internas, la Concertación hará uso de los mismos locales de votación que suelen ser utilizados por el PLRA para sus elecciones (sobre todo escuelas y colegios), aunque en estos lugares también habrá mesas de otras agrupaciones políticas que integran la citada agrupación.

Los partidos que utilizarán esta modalidad “mixta” son el PLRA, Patria Querida, Frente Amplio, Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), los cuales tendrán sus propias mesas en locales compartidos y con sus propios padrones diferenciados.

Rojas mencionó que en ocho departamentos del país se utilizará el padrón de la Concertación para la votación de cargos plurinominales. Como ejemplo, explicó que una persona que vote en Cordillera podrá votar por candidatos a la junta departamental, diputados y gobernadores de dicho departamento, así como por una chapa presidencial.

En el caso de los afiliados del Partido Encuentro Nacional (PEN) y de otros partidos de la Concertación que no forman parte de los cinco mencionados anteriormente, no podrán votar por ninguna chapa presidencial de la Concertación, sostuvo Rojas, esto debido a que harán sus internas en sus propios locales y no podrán “votar doble”, confirmó. Por ende, solo tendrán habilitado el sufragio para senadores, diputados y junta departamental de sus respectivos partidos.

Para estos casos, consideró que la única opción sería mandar a sus afiliados a votar a aquellos locales habilitados por la Concertación o en todo caso dejar que se queden a votar en sus propios locales.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.