En charla con la prensa, el senador oficialista Silvio Ovelar mencionó que ayer martes se decidió en mesa directiva dejar a cargo de las bancadas del Senado la definición del caso del contralor Enrique García, quien fue acusado por la Cámara de Diputados por su participación en el caso Ivesur.

“Por ahora no veo que haya números, porque muchas veces las coyunturas son especiales”, reveló sobre si considera que se sacará del cargo a la autoridad.

Ovelar explicó que parte de la oposición en el Senado no desea que el subcontralor Camilo Benítez suba como contralor por el simple hecho de ser colorado, por lo que estaría buscando sacarlo también del ruedo, pese a no haber cometido ninguna irregularidad en su gestión.

En ese sentido, el titular de la Cámara Alta reconoció que priman los intereses políticos en este caso. “Aquí hay un juego de intereses”, reveló.

CASO BACCHETTA

Por otra parte manifestó que su colega Enrique Bacchetta no puede ser echado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya que la propia Constitución Nacional no permite que sea sacado, sino que queda a consideración del mismo renunciar o no.

“No hay argumentos para sacarlo. Solo será por una decisión personal. La Constitución es clara y existe un fallo judicial (que salió a favor de otro legislador a quien pretendieron echar en el pasado). Nosotros no podemos quitarle la investidura, porque no existe el tráfico de influencias. No creo que renuncie, mañana hará su descargo ante el pleno”, dijo.

Parte de la ciudadanía exige que Bacchetta salga del Jurado luego de haber defendido públicamente al diputado preso Ulises Quintana, quien está afrontando un proceso judicial.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.