En charla con la 970 AM, la legisladora indicó que con la destitución de Sandra McLeod de Zacarías se restaura el orden de las cosas en un municipio donde los sectores están acostumbrados a un enfrentamiento perverso y donde los ciudadanos deben tener las garantías de vivir de manera ordenada.

“La Justicia Electoral está en su derecho de interpretar lo adoptado por la Cámara, pero sería una abierta intromisión. Ya lo hizo (al intentar aceptar la renuncia de Sandra McLeod). Debe acatar la resolución que se tomó en el escenario donde la democracia se refleja por antonomasia y es un ámbito exclusivo y excluyente”, dijo sobre la destitución.

Aseguró que en ningún momento violentaron la autonomía municipal de la Junta de Ciudad del Este, donde la mayoría de los concejales ya aceptó la renuncia de McLeod y eligió a Celso “Kelembu” Miranda en su reemplazo. Añadió que ella tiene la potestad de decidir. “Acá (en Diputados) no se violó nada, acá (en la Junta Municipal) existió un quiebre institucional al utilizar la mayoría que se reunió bajo el puente…”, dijo.

Sin embargo, no supo precisar en qué artículo de la Constitución Nacional les brinda a los congresistas las facultades de dirimir en cuestiones internas de las intendencias municipales respecto a la elección de sus autoridades, ya que esto compete al TSJE.

En charla con la 730 AM, González indicó que ahora existe un tiempo “prudencial” para que se designe a un intendente provisorio. En ese sentido dijo que los concejales tienen 48 horas de tiempo para dicha elección.

“Si se continúa desacatando una orden de la Cámara de Diputados, debemos aplicar la ley de intervención y nombrar a un interino. Si continúa la acefalía, vamos a intervenir nosotros la próxima semana”, advirtió.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.