Alba Talavera, vicepresidente segunda del PLRA, y Dionisio Amarilla, nuevo tesorero, encabezaron esta mañana una nueva conferencia de prensa para brindar detalles sobre cómo será el manejo que tendrá de ahora en más el Partido Liberal a nivel financiero.

Amarilla enfatizó que están interesados en continuar con el trabajo de honrar los compromisos asumidos por el PLRA, pero primeramente analizarán los detalles sobre el origen de las deudas.

“No tenemos la intención de rehuir de la responsabilidad que hemos asumido pero tampoco queremos llevar adelante este proceso de manera belicosa. Queremos hacerlo de forma amistosa, respetuosa”, refirió el tesorero del PLRA.

La deuda en concepto de bonos demandados por saldar aún estaría entre G. 15.000 y 17.000 millones, aunque aparte existen otras deudas más.

“Nuestra idea es transparentar el uso y la aplicación de fondos”, puntualizó Dionisio Amarilla.

Sobre la cantidad de recursos disponibles, confirmó que existen G. 400 millones pendientes de recepción en concepto de subsidio electoral, aunque este mes de octubre se recibirá otra suma importante tras el desarrollo de las elecciones municipales.

“La caja está vacía”, admitió el tesorero del PLRA, aunque adelantó que ya se está haciendo un relevamiento de los inmuebles que posee el partido para hacer la tasación y ofreciendo garantías reales se podrían obtener créditos a una tasa razonable.

Pidió tranquilidad a los miembros del directorio liberal y les pidió confianza para poder avanzar con el proceso que apunta a transparentar la situación financiera interna.

“Les puedo asegurar que vamos a inventar esa plata. No le vamos a dejar solos a los candidatos a intendentes y concejales”, acotó a su vez la vicepresidente segunda del PLRA, Alba Talavera.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.