María Mareco, conocida como “Ña Bety”, vendedora de yuyos en Villeta hace seis años, denunció a través de las redes sociales lo sucedido días atrás en su puesto laboral instalado en la vía pública. “Lastimosamente, el concejal Benítez vino y me amenazó en mi lugar de trabajo, me dijo que mañana mismo me echaría de allí, mi puesto da de comer a mis hijos y a mí, hace 6 años vengo trabajando honradamente para ganarme el pan de cada día”, expuso la mujer.

Esta situación se habría dado durante una visita que hizo la Concertación Nacional en Villeta, momento en que la trabajadora solicitó a los liberales que despejen la zona donde está su puesto de venta para poder trabajar. Esto no habría sido del agradado del concejal, quien aparentemente la amenazó con sacarla del sitio, según la denuncia hecha.

La mujer sospecha además que el trasfondo del enojo sería por una fotografía que se sacó días atrás con el candidato colorado Santiago Peña, a quien dio un beso durante su recorrido por la ciudad.

Sobre este caso, el economista José Luis Rodríguez Tornaco esgrimió en el canal GEN que esta es una muestra de la forma en que actúan los referentes de la Concertación. En ese sentido recordó que Efraín desplazó del PLRA a Blas Llano y Dionisio Amarilla por pensar diferente; el esposo de Soledad Núñez plantea el cierre de los medios disidentes; el PDP expulsa a candidato que presentó propuestas diferentes a sus ideales, y también Patria Querida advirtió que excluirá a una candidata que apoya a Santiago Peña.

“En la Concertación se unen sobre la base de echar gente que opina diferente. Si el concejal de Villeta ve que el presidente Alegre actúa de esa forma, lógicamente cree que ese es el camino”, ahondó.

Es por ello que pidió dimensionar el problema que representa la ínfula de poder que tienen los integrantes de la Concertación y lo que pasará con el funcionariado público si es que realmente llegan a ocupar la Presidencia de la República. “Cuando le des el mandato a estos en alguna institución pública, te va a llamar y te va a decir vos sos colorado, opinás diferente”, dijo sobre la amenaza que representa para el funcionario público.

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Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.