El diputado Celso Kennedy, en entrevista con la radio 970 AM, explicó la manera en que se puede proceder para realizar el tratamiento del pedido de juicio político al presidente Mario Abdo, al vicepresidente Hugo Velázquez y al ministro de Hacienda, Benigno López.

En ese sentido dijo que una opción es convocar a una sesión extraordinaria para otra fecha, dependiendo de la decisión del presidente de Diputados Pedro Alliana, quien adelantó que enviaría primero a la comisión de Asuntos Constitucionales para que revise los documentos y realice un dictamen.

También existe la posibilidad de que hoy mismo se llame a sesión extraordinaria tras la ordinaria (que arranca a las 08:30) y el plenario se convierta en comisión para evaluar si se aprueba o rechaza dar inicio al enjuiciamiento.

El congresista sostuvo que el manejo desprolijo, irresponsable e incierto de la negociación -por la participación de terceras personas en el acuerdo con Brasil- se configura en un mal desempeño de funciones de las autoridades señaladas.

“Acá no solo se ha perjudicado al Paraguay, también ya está teniendo repercusión en el lado brasileño, porque el beneficio en el Brasil en realidad es para empresas privadas“, dijo el legislador.

Por otra parte sostuvo que muchos liberales de Caaguazú están deseosos de venir a Asunción a manifestarse para presionar a favor del juicio político, porque las protestas que realizan en el interior no tienen repercusión en la capital, pero Kennedy señaló que hasta el momento no consideran necesario hacer aquí una movilización, porque las pruebas que poseen contra las autoridades son contundentes.

Ayer el presidente Mario Abdo instó a los opositores a realizar el procedimiento lo más rápido posible, para dar un corte a la crisis instalada.

De momento 35 diputados están a favor del juicio; se requiere de 41 presentes para el quórum y 53 para aprobarlo. La bancada de Honor Colorado ya adelantó que no apoyará el enjuiciamiento.

En cambio, el Partido Patria Querida decidió brindar su apoyo al pedido de juicio político a los tres acusados. Inicialmente la postura de dicho sector era solamente de enjuiciar al Vicepresidente, salvando al Presidente.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.