Por Jorge Torres, periodista

Hay una larga historia de vínculos más allá de lo ideológico entre ambos sectores y, al hurgar en los archivos y antecedentes, saltan elementos que llevan a sostener que el poder político y económico del PT fue tan grande que hasta se pudieron haber financiado campañas electorales en nuestro país con fondos provenientes de la corrupción en el vecino país.

El Ministerio Público nunca se animó a abrir una investigación en este sentido, por lo que la creación de esta comisión especial en Diputados para avanzar con las pesquisas podría aportar elementos objetivos que concluyan en la necesidad de abrir una carpeta fiscal al respecto.

ANTECEDENTES Y VÍNCULOS DEL FRENTE GUASU CON EL PT

Gustavo Codas Friedmann, ex director de la Itaipú Binacional durante el gobierno de Fernando Lugo, estuvo fuertemente ligado a João Vaccari Neto, ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil, quien fue condenado a 15 años de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación criminal.

A través de Codas, Lugo consolidó sus vínculos con las autoridades del PT que estaban en el poder. Vaccari Neto llegó incluso a ser consejero de Itaipú lado brasileño cuando Codas era director en el lado paraguayo.

Codas y Vaccari Neto activaron en las 2 principales organizaciones políticas y sindicales del Brasil, el PT y la Central Única de Trabajadores (CUT). A inicios del 2002, Codas se desempeñó como asesor financiero de la CUT y en el mismo período como encargado de relaciones internacionales.

João Vaccari Neto, consejero de Itaipú por el Brasil, desató un escándalo tras denuncias en su contra por supuestos desvíos de recursos de una cooperativa de ahorros para financiar campañas electorales del PT.

Vaccari fue puesto por Lula en la binacional, al igual que el propio Gustavo Codas, quien era el brazo político del PT en Paraguay. Esto influyó en la dilación para aprobar las notas reversales en el Congreso y, de hecho, Codas nunca obtuvo el acuerdo parlamentario para ocupar el cargo en la Itaipú.

Codas reconoció públicamente que fue asesor de relaciones internacionales, de relaciones laborales y organización sindical de la Central Única de Trabajadores (CUT) del Brasil, mientras João Vaccari Neto era secretario de organizaciones internacionales del mismo gremio entre el 2003 y el 2006.

En una disertación a cargo de Codas, realizada en el 2008 sobre la globalización capitalista en la Universidad Estatal de Campinas, había hecho un agradecimiento especial a João Vaccari Neto, “que sin el apoyo del mismo, no sería posible el trabajo presentado”.

Vaccari, quien fue tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), la nucleación partidaria liderada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, había dejado el cargo en la CUT para asumir como presidente del Banco de la Vivienda Cooperativa (Bancoop), una asociación sindical que administra ahorros de los empleados de los bancos del estado de San Pablo.

Cuando Vaccari estaba a punto de convertirse en tesorero de la campaña de Dilma Rousseff, a quien Lula eligió para sucederle en la Presidencia del Brasil, saltaron las graves denuncias que fueron investigadas por la justicia por supuestos desvíos de fondos del Bancoop para financiar campañas electorales de la formación socialista.

La acusación del Ministerio Público contra Vaccari fue por delitos como gestión fraudulenta, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, apropiación indebida de valores, lavado de dinero y financiación clandestina de campañas, supuestamente con fondos del Bancoop.

Vaccari Neto fue considerado pieza fundamental dentro del esquema de recaudación financiera del partido de Lula da Silva. Pese a las denuncias en su contra, Lula lo había mantenido como consejero de Itaipú y la prensa brasileña realizó conjeturas en relación a los vínculos del recaudador del PT con el entonces director paraguayo de la binacional, Gustavo Codas Friedmann.

OTROS VÍNCULOS EN SONADOS CASOS DE CORRUPCIÓN

A Vaccari Neto lo denunciaron supuestamente por haber solicitado donaciones legales e ilegales a varias empresas socias de Petrobras. El caso se refiere al pago de sobornos multimillonarios a partidos políticos, legisladores y ejecutivos de Petrobras con fondos de la empresa pública y de decenas de empresas que tenían contratos con la petrolera.

Un ex gerente de Petrobras Pedro Barusco declaró, a cambio de un acuerdo de reducción de su pena, que estimaba que el PT había recibido entre US$ 150 y US$ 200 millones de sobornos producto de 90 contratos entre el 2003 y el 2013. Barusco mencionó a Vaccari como el hombre que estaba detrás de las propinas.

En marzo del 2010, la prensa paraguaya ya se hacía eco de la denuncia presentada por el fiscal brasileño Carlos Blat de los US$ 50 millones desviados por el PT para financiar la campaña electoral de Lula en el 2002. En esa misma fecha, Vaccari Neto ya estaba como tesorero del PT.

El fiscal fue contundente: “No hay dudas de que hubo desvío de dinero; los dirigentes de la cooperativa lo transformaron en un negocio lucrativo para ellos y parte de ese dinero fue para el PT”, declaró.

Fue salpicado en el también escandaloso caso de corrupción del Brasil llamado Mensalão, el millonario sistema de desvío de dinero público para abastecer campañas electorales del PT y corromper a parlamentarios del Congreso.

En el 2003, Vaccari desempeñaba la función informal de nexo en la relación entre el PT y los fondos de pensión de las empresas estatales. Él realizaba el negocio: cobraba propina que iba del 6% al 15% dependiendo de la cara del cliente o del tamaño del negocio. El dinero de la propina era destinado para la caja clandestina del PT y usado para financiar las campañas del partido y sobornar a los parlamentarios.

Fue precisamente en este tiempo que estaba en discusión el acuerdo Lugo-Lula sobre las negociaciones en Itaipú. Coincidentemente, cuando salta el escándalo de Bancoop y en puertas de las elecciones, el gobierno de Lula había decidido ampliar lo que Brasil destinaba a Paraguay en concepto de compensación por cesión de energía y aumentó de US$ 120 millones a US$ 360 millones.

Los legisladores del PT eran los que más gritaban en el Congreso la necesidad de que a Paraguay se le aumente la compensación por la cesión de energía. En ese entonces había llamado la atención en nuestro país ese repentino interés. De las promesas que había hecho Lugo en campaña sobre Itaipú solo se logró que Brasil nos diera más recursos por la compensación por cesión de energía.

Este “beneficio” para el Paraguay se logró en plena campaña electoral de Dilma y estuvieron detrás del acuerdo los principales recaudadores del PT, Vaccari Neto (consejero de Itaipú) y Gustavo Codas (director de Itaipú).

Las vinculaciones estrechas entre referentes del gobierno de Lugo y el PT eran abiertas y los acuerdos prosperaron, principalmente en la Itaipú. Celso Amorim, entonces canciller, era además miembro del consejo de Itaipú, al igual que su par paraguayo Héctor Lacognata, fuertemente vinculado a la izquierda radical.

Codas siguió haciendo lobby por Fernando Lugo, aprovechando sus influencias en el gobierno de Dilma. Siempre fue un hombre importante en toda la organización y acompañó a Lugo a San Pablo en una reunión que mantuvieron con el presidente del PT y el ex tesorero Vaccari Neto años atrás.

La mayor operación contra la corrupción

El Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, ha salpicado a un centenar de políticos en el vecino país. La justicia busca recuperar por medio de distintos acuerdos legales unos 13.000 millones de reales (alrededor de 3.400 millones de dólares), de acuerdo con el Ministerio Público, destaca Infobae. Entre los acusados están dos ex presidentes: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción y lavado de dinero desde abril del 2018, y Fernando Collor (1990-1992), enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras. Lula suma 25 años de cárcel por condenas en dos procesos, ambas por corrupción y lavado de dinero. Entre los políticos involucrados están también José Dirceu, ex ministro de Lula entre el 2003 y el 2005; Antonio Palocci, también ex ministro de Lula, y la ex presidenta Dilma Rousseff.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.