Alegre, líder del partido y candidato presidencial por la alianza Ganar, recibió 1.110.464 votos (42,74 %) frente a Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, que ganó las elecciones con 1.206.067 votos (46,42 %), según los resultados definitivos divulgados este lunes.

El 22 de abril, cuando la Justicia electoral dio la victoria provisional a Abdo Benítez, Alegre dijo que se pronunciaría al respecto en cuanto se conocieran los datos oficiales.

Días después denunció casos de fraude en el recuento, demandas a las que sumaron dirigentes del Frente Guasu, la concertación de izquierda que acompañó al Partido Liberal en la dupla presidencial bajo la alianza Ganar.

Tras un mes de las elecciones y días después de que la Justicia Electoral difundiera los datos definitivos, Alegre sigue callado sobre el triunfo de Abdo Benítez, quien asumirá la Presidencia el 15 de agosto.

En cuanto a las denuncias de fraude, el Partido Liberal, tras la reunión de su Directorio este martes, rebajó el listón para mencionar que se habían producido “falencias” en el proceso electoral que “ponen en peligro inminente la vigencia del Estado de Derecho”.

En esa resolución, se señalan irregularidades en la conformación de las Juntas Cívicas y de las mesas electorales, manipulaciones en el recuento provisional de la Justicia Electoral y en las encuestas que se publicaron antes, que dieron hasta 30 puntos de ventaja a Abdo Benítez sobre Alegre.

El directorio concluyó instando a una modificación de las leyes electorales y apostando por cambios que garanticen la transparencia.

Pero sin ninguna referencia al triunfo de Abdo Benítez o reconocimiento de una derrota que por otra parte fue por la mínima.

De hecho, el directorio, con una mayoría favorable a Alegre, tuvo como primer orden del día la posible renuncia del presidente Horacio Cartes, y su eventual juramento como senador, tras obtener un escaño en las elecciones.

Los integrantes del Directorio acordaron recomendar a todos sus parlamentarios oponerse a aceptar la renuncia de Cartes, en caso de darse, y a su juramento como senador activo al considerarlo anticonstitucional.

No obstante, ese punto tardó en ser tratado ante la exigencia del sector del senador Blas Llano, opuesto a Alegre, de que se debatiera primero sobre el uso de los fondos que se utilizaron en la pasada campaña electoral y se explicara cómo fueron utilizados.

En medio de gritos y empujones entre los dos sectores, Alegre trasladó la reunión de los 55 miembros del directorio a una sala a puerta cerrada, mientras que cientos de militantes se quedaron en el patio y en la calle a escuchar la sesión por los megáfonos.

Pese a la posterior resolución del directorio, las espadas siguen en alto.

Llano ya ha declarado que votará a favor de la renuncia de Cartes si el mandatario da ese paso, que debe ser rechazado o aprobado por el Congreso.

Otros dirigentes han pedido la dimisión de Alegre por la derrota electoral, su segunda consecutiva como candidato presidencial, y por condenar de nuevo al partido a transitar otros cinco años en la “llanura” política.

Un capítulo más dentro de una división que se evidenció el pasado año, cuando legisladores afines a Llano apoyaron al Partido Colorado en su pretensión de habilitar un segundo mandato presidencial, prohibido por la Constitución.

El sector conducido por Alegre lideró las protestas contra la reelección presidencial, que habría permitido que Cartes se presentara a un nuevo mandato.

Ello devino en la quema de parte del edificio del Congreso por parte de manifestantes opuestos a la reelección, y el posterior asalto policial a la sede del Partido Liberal, con la muerte de un joven militante por el disparo de un agente.

Y en acusaciones de traidor a Llano y los suyos por parte de los partidarios de Alegre que todavía perduran en el día a día del partido.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.