En una operación políti­co-mediática, la legisladora del PDP Desirée Masi tuvo acceso a información confidencial, como ya lo había tenido con un documento interno de Seprelad, para utilizarla en forma sesgada, manipulada y con fines políticos.

Al compartir a la opinión pública su denuncia, que habla de una supuesta inacción y encubrimiento del Ministerio Público en relación a personas vinculadas con el operativo A Ultranza Py, la congresista aliada al oficialismo colorado ignoró varios hechos objetivos y relevantes, los cuales exponemos a continuación:

1-El megaoperativo A Ultranza Py se ejecutó a pedido de orga­nismos internacionales con el Minis­terio Público, sin la filtración a las ins­tituciones de Gobierno.

El operativo “Ultranza” desarrollado por los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico tiene como base una investigación abierta en el año 2019, la cual requirió del tiempo y del desarrollo de distintas técnicas especiales de investigación, realizadas conjuntamente con organismos de seguridad, por ser una investigación compleja.

Según informó la Fiscalía, dentro de la investigación se requería individualizar y confirmar la participación de las personas individualizadas, recolección de evidencias vinculadas al Tráfico Internacional de Drogas y Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico, posteriormente la individualización de bienes muebles e inmuebles que derivarían de las actividades ilícitas en dicha investigación, fundamentado en elementos suficientes y contundentes que permitan llegar a la acusación formal y solicitar el juicio oral y público de los miembros de una estructura criminal, donde sería miembro Sebastián Marcet, cuya vinculación con la estructura criminal y su grado de participación se estableció con técnicas de investigación y la información obtenida a través de la cooperación internacional.

Este trabajo sólido permitió la detención e imputación de quien sería el autor principal en las actividades del lavado de activos provenientes del Narcotráfico e incluso de un diputado oficialista (ahora imputado y con prisión preventiva). Así también se pudo incautar numerosos bienes multimillonarios como más de 12 aeronaves, helicópteros, embarcaciones, más de un centenar de inmuebles y vehículos de altísimo valor, hoy entregados para su administración y preservación a Senabico y que representan montos históricos en materia de investigación contra el narcotráfico.

El trabajo de la Fiscalía permitió la imputación a más de 31 personas y altas autoridades, algunas ya con prisión preventiva y otras con orden de captura internacional. Y se pudo establecer además esquemas de supuesta corrupción en el interior de la Senad, y que habría facilitado la huida de algunos integrantes importantes de la organización criminal, entre ellos Miguel Insfrán, alias Tío Rico. De esta investigación además derivan a la fecha más de 7 denuncias formuladas por la Unidad Especializada de Narcotráfico sobre otros hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios del Estado y que aún se encuentran en curso investigativo .

La institución enfatizó además que las investigaciones son sumamente complejas, ya que implican el seguimiento y recolección de evidencias que revele conductas en actos criminales e Ilícitos, por lo que también se tuvo colaboración de agencias internacionales como la DEA, Europol y otras agencias de investigación. Con resultados históricos, la causa sigue abierta y en curso, aguardando el resultado de las distintas diligencias realizadas y de los mecanismos de cooperación internacional involucrados.

2-El supuesto narco Lindomar Reges Furtado se fuga del Paraná Country por negligencia de la Senad, manejada por Zully Rolón, ex brazo derecho de Arnaldo Giuzzio, quien es del mismo equipo político que Masi (PDP). ´

Tras el escape de Lindomar Reges Furtado minutos antes de su fallida detención, en febrero pasado, la Senad divulgó un video donde se ve que los guardias del Paraná Country Club retuvo a los agentes en la entrada y sindicó a estos como los responsables de la fuga del narcotraficante brasileño, pero el condominio luego echó por tierra esa teoría y abrió la sospecha de que el procedimiento antidrogas fue un rotundo error o un show montado cuyo único objetivo era dejar escapar al traficante.

Los agentes antidrogas llegaron al condominio sin siquiera cubrir en forma el perímetro del lugar evitando posibles lugares de escape, tampoco dejaron agentes en la entrada principal, ni alertaron a los guardias de que nadie podía salir del recinto. Todo mal.

3-Lindomar, vinculado estre­chamente a Marcus Espíndola, es el mismo que prestó la camioneta de su esposa a Giuzzio para sus vacaciones a Brasil. Lindomar y Marcus son supues­tos capos narcos investigados por años en el Brasil.

Como si ya no fuera suficiente, se sumó el componente mafioso al esquema oficialista. Pudo comprobarse que el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, usó la camioneta para viajar a Brasil del presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien fue detenido en el país vecino por sus supuestos vínculos con el crimen organizado en el marco del operativo Turf.

A raíz del escándalo mediático y político, el presidente Mario Abdo Benítez no tuvo de otra que sacar a Giuzzio de su primer anillo, por sus implicancias con la mafia.

4-Cristian Turrini reali­zaba permanentemente depósitos millo­narios en varios bancos de plaza, pero Masi solo mencionó a Basa, ignoró al resto y tampoco contó que gracias a la denuncia presentada por este banco con el aporte de videos lograron cerrar el círculo de la investigación sobre Turrini.

El economista y presidente de Banco Basa, Carlos Fernández Valdovinos, destacó que la detención del exdirector de Paraguay TV Christian Turrini y Alberto Ayala Jacquet, ambos imputados por tenencia y tráfico internacional de drogas y por hecho de tráfico de drogas, se logró mediante una rápida acción del Banco Basa, al comunicar al Ministerio Público sobre las actividades sospechosas realizadas por Turrini dentro del sistema financiero, en setiembre del 2020.

“Este es uno de los casos, hay miles de otros en donde por supuesto por una cuestión legal no se puede decir abiertamente, pero se contribuyó también a esa lucha. El caso de Christian Turrini por ejemplo fue una denuncia directa a la Fiscalía cuando saltaron todas las cuestiones relacionadas al señor”, mencionó el directivo del Banco Basa en el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.

5-Masi mencionó el caso de la operación Belia, pero sin mencionar al diputado Ever Noguera y a su abogado Guillermo Duarte Cacavelos.

La legisladora del PDP obvió mencionar que en el marco de la operación Belia se dieron escuchas telefóni­cas a los integrantes de la organización criminal vinculada al tráfico de drogas a Europa, y se ordenaron escuchas telefó­nicas a los involucrados y allí saltan con­versaciones del diputado oficialista Éver Noguera con un miembro de la organiza­ción. Coincidentemente, el abogado del político Noguera es Guillermo Duarte Cacavelos, ex candidato a senador por el partido de Masi y financista del PDP.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.