En entrevista con el canal GEN, el senador Antonio Barrios se refirió a los “clavos” heredados por la administración de Mario Abdo Benítez en varios entes del Estado y el proyecto de Ley para ordenar las finanzas del Estado.

El político manifestó su preocupación por el “tremendo desorden” de la administración pública, ante el “gran agujero negro” dejado por el equipo saliente, cuyas nefastas consecuencias patrimoniales aún se desconocen en su totalidad.

“Es bastante compleja la situación, cada día salen más fatos en las instituciones. En vez de estar funcionando como corresponde, los entes están revisando licitaciones y empezar de nuevo, lo cual generará retrasos”, indicó.

Barrios recordó que Horacio Cartes dejó un Gobierno ordenado y proyectos que pudieron ser ejecutados por Mario Abdo, situación que no se repitió en los últimos cinco años. “Muestra de ello son las rutas que se pudieron hacer. Ahora uno busca proyectos que haya dejado el Gobierno anterior y no encuentra”, acotó.

El legislador dejó en claro que las deudas de Marito deben honrarse para dar oxígeno a los distintos proveedores del Estado paraguayo, por lo que calificó de medida acertada el planteamiento del proyecto de Ley para ordenar las finanzas del país. “No son deudas del Gobierno de Santi Peña, son deuda del gobierno anterior”, subrayó.

Con relación a la situación del IPS, el congresista sostuvo que se debe encontrar a los culpables de los descalabros, que puedan ser imputados y sancionados.

Sobre la posición de los disidentes (que pertenecen al equipo de Abdo), dijo que solo los diputados Dani Centurión y Mauri Espínola argumentan que es una persecución política del oficialismo al anterior Gobierno, mientras que los demás no emiten declaración alguna, validando así lo que se está exponiendo públicamente. “El resto calla y asiente de que esto es lo que dice la gente: Desastre Ko Marito. Realmente el paraguayo le da en el ojo: desastre cómo dejó el Estado paraguayo, desastre cómo dejó las instituciones, se prostituyeron todas las instituciones”, arremetió.

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Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.