“Nunca quiso dar explicaciones del por qué transfirió esa plata que debía ser para la comuna a su mamá y a su novia. Nues­tro pueblo no avanzó absolu­tamente en nada durante su administración y se tiene que investigar qué hizo con toda la plata del pueblo en estos años”, sostuvo la concejala por Unace, Dailys Pereira, al diario La Nación.

Los ediles hablan de varios cheques de la cuenta de royal­ties emitidos a favor de la mamá y de la pareja del ex intendente de Quyquyhó. Los ediles facilitaron como ejemplo dos copias de cheques. Uno por valor de G. 20 millones, con el sello de caja del 3 de octubre del 2011 a nombre de Blanca Álvarez (madre). En la otra copia figura el endoso por parte de la novia de Samaniego por G. 22 millones, también con el sello de caja, en teoría cobrado en noviembre del 2011.

Los denunciantes señala­ron además que la plata de los royalties alcanzó a otro opera­dor político de la zona. Se trata de un docente de nombre Car­los Bareiro, que cobró otro che­que de G. 20 millones en abril del 2016.

“Estos son apenas algunos de los documentos que pudi­mos encontrar. Es categórico que el desembolso puede ser mayor, pero no dejaron cons­tancia de lo último”, afirmó la edil Pereira.

El político abdista asumió como intendente en el 2010, fue ree­lecto en el 2015 y renunció en abril del 2018 para asumir como diputado. En su lugar quedó su novia Patricia Corvalán.

La presidenta de la Junta Municipal, Natividad Morel, confirmó también la existen­cia de estos cheques a favor de la mamá y la novia. Agregó que de manera urgente se debe esclarecer esta situación. Asi­mismo, subrayó que entre el 2015 y el 2018 detectaron la eje­cución de unos G. 10.000 millo­nes sin respaldo documental por parte de los novios, que por cierto son amigos inseparables del líder del movimiento Colo­rado Añetete en Paraguarí, Miguel Cuevas.

Tratamos de conversar con el diputado y con su pareja para saber qué se hicieron con los millones, pero no tuvimos retorno. En el caso de Carlos Bareiro, docente de la zona, dijo que si queremos hablar con él nos atenderá, pero solo si le visi­tamos en su casa de Quyquyhó.

Según la Ley Nº 3984/2010, los recursos que reciben las muni­cipalidades en concepto de royalties, debe destinarse para financiamiento de proyectos de infraestructura en educación, remodelación y mantenimiento y equipamiento de centros edu­cativos, como así también para la merienda escolar.­

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.