Dependiendo de lo que ocurra en el juicio político, el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, informó en entrevista con la radio Monumental que quiere dedicarse a partir del mes de diciembre a “cuestiones privadas” por recomendación médica, por lo que estará presentando su renuncia a finales del año.

En otro momento el político anunció que denunciará penalmente a Celeste Amarilla, Kattya González y otros legisladores, por supuesta simulación de hecho punible, apología y denuncia falsa.

“Justo a los 15 diputados que buscan mi juicio político se le quiere cargar droga. Creo que los medios serios deberían tomar distancia de este tipo de informaciones. Estamos demasiado tranquilos. Queremos que presenten las pruebas de los amedrentamientos. He visto los comentarios, y no solo de mis seguidores, yo creo que perjudicó bastante”, indicó Miguel Godoy.

Varios diputados manifestaron ayer miércoles que se les quiso implantar droga en sus vehículos, y acusaron del hecho al defensor del Pueblo, Miguel Godoy.

Una de las primeras en denunciar el hecho fue la diputada Kattya González, quien solicitó la presencia de la Policía Nacional en la sede legislativa.

“No se puede utilizar un juicio político para plantar drogas a un diputado y hoy se solicitó que se verifiquen nuestros vehículos. No podemos ser objetos de amenazas porque estamos haciendo uso de nuestras facultades constitucionales”, agregó.

Por su parte, la diputada liberal Celeste Amarilla también dijo haber sido víctima del hecho denunciado por su colega. “Le voy a meter su cocaína en la oreja, que no se hagan los chistosos. Cualquier antigripal que se encuentre en mi auto lo voy a atribuir (a Miguel Godoy)”, refirió.

Otra de las diputadas afectadas fue Rocío Vallejo, quien manifestó que no debe tomarse en broma lo ocurrido y dijo que se llegará hasta las últimas instancias.

Finalmente, la diputada Norma Camacho pidió el adelantamiento del pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy. Solicitó tratar el lunes 26 de septiembre a las 14:00 horas, en lugar del miércoles como se tenía previsto.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.