El documento en cuestión analiza punto por punto varios de los artículos del proyecto de ley (cuyo tratamiento fue postergado en la Cámara de Diputados) y que, a criterio de esta nucleación interna de la ANR, “atenta contra los principios de la democracia representativa republicana”.

En el primer punto señala que la propuesta “busca redefinir el concepto de igualdad ante la ley por igualdad mediante la ley”, argumentando que tanto la Constitución Nacional como la Ley Electoral y de la Función Pública lo garantizan plenamente. Por ello, consideran que “es un error conceptual confundir la igualdad de oportunidades con igualdad de resultados”.

Así también, afirman que el proyecto en sí “atenta contra el Artículo 118 de la CN que habla sobre el sufragio. “El elector debe sentirse libre de votar a quienes lo representan, el proyecto de ley asume que la representatividad se basa en las características biológicas de los candidatos”, refiere el texto.

En relación al Art. 1 del proyecto de ley de Paridad Democrática que indica que “la ley tiene por objeto establecer, regular y garantizar la participación y representación paritaria de mujeres”, este movimiento sostiene que “la ley debe garantizar el derecho de todo paraguayo a presentarse a elecciones como ejercer el derecho a voto” y, por tal motivo, “no se puede obligar a la participación ni garantizar el resultado de las elecciones según un diseño demográfico impuesto”.

El artículo 7 señala que “la Presidencia de la República integrará su gabinete ejecutivo con un porcentaje de mujeres y hombres de manera paritaria”. Sobre este punto, las integrantes de “Mujeres Republicanas Unidas” aseguran que contradice a la Constitución Nacional en su Art. 238 inciso 6 donde habla de nombrar y remover por sí a los ministros del Poder Ejecutivo. “Claramente el proyecto es inconstitucional, pero si así no se entendiera, abriría a que se siga legislando sobre otras características que deben cumplir los ministros, limitando así la potestad del Poder Ejecutivo de nombrar libremente a su gabinete”, reza el comunicado.

Entre otros aspectos importantes, la nucleación afirma que el proyecto de ley “elimina el criterio de concurso de méritos para acceso a la función pública”, “crea una discriminación hacia el hombre al considerar que no serán incluidos en las capacitaciones”, además de sostener que hoy día “no existe barrera legal que impida la participación política de las mujeres”.

“El proyecto de ley de paridad quiere ‘imponer’ y no promover, debilitando la libre determinación del pueblo paraguayo a elegir a sus representantes independientemente de las características biológicas de estos”, finaliza el documento.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.