Las características impuestas por el ex mandatario, al asumir él las donaciones, organizando verdaderas concentraciones con dirigentes de base y potencial electorado, confirman el riesgo del uso del dinero de la binacional para los fines proselitistas, en un prematuro arranque de las siguientes compulsas electorales, en las que se renovarán las autoridades de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.

Con la presencia del presidente Mario Abdo Benítez, Duarte Frutos, quien en los comicios de abril aspiró a una banca en el Senado para el presente período, pero no pudo jurar debido al rechazo de sectores de la oposición y colorados abdistas, tuvo que conformarse en agosto con la titularidad de la EBY, un cargo que le da cierto protagonismo y, principalmente, disponibilidad de cuantiosos recursos económicos, para forjarse una plataforma electoral.

El hecho se evidenció en varias ocasiones. En octubre pasado, en Misiones entregó becas estudiantiles, asistencia para pequeños productores e incluso viviendas sociales iniciadas en el gobierno anterior. En noviembre lo hizo en Caazapá, en tanto que en Asunción también entregó víveres a afectados por las inundaciones.

El pasado viernes el Gobierno, mediante la binacional, habilitó las unidades de terapia intensiva para niños y adultos en los hospitales de San Ignacio y San Juan Bautista.

“Hay que entender mejor el concepto. Esto es política pura. Lo que tenemos que condenar son las obras con intereses sectarios y partidarios que pretenden beneficiar solo a una parte de la sociedad”, mencionó en un encendido discurso en el que su fervor reveló su intención proselitista, pues terminó con un discurso político de ataque contra el anterior presidente de la República, Horacio Cartes, teniendo en cuenta que es uno de los eventuales rivales para la Junta de Gobierno.

“Terminó lo que terminó. Lo que se fue se fue y eso ya no viene. Soy ex presidente y ex presidente es ex presidente. Igual, aunque tenga mucha plata será ex presidente”, sentenció.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.