En entrevista con la radio Monumental, Nicanor Duarte Frutos indicó que no participó ayer de las reuniones de los exmandatarios de la República con Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes porque fueron encuentros de “jubilados”. Aclaró que él sigue en la disputa del poder, y que es un expresidente vigoroso.

“Esa reunión fue con personas que no están en la militancia y eso me parece muy bien”, dijo, pero sostuvo que a su parecer es imposible evitar una disputa para la Junta de Gobierno, las municipalidades y las seccionales, ya que solo Colorado Añetete y Honor Colorado podrían llegar a un acuerdo.

“No habrá consenso absoluto. Es un planteamiento de entendimiento y coincidencia para la gobernabilidad, para avanzar acuerdos que sirvan para la producción y empleo. No es la cancelación de la competencia interna. Es la búsqueda de un acuerdo entre dos grandes movimientos y que las internas coloradas no tengan un alto volumen, avanzar hacia un entendimiento colectivo. Lo que pasa en la ANR tiene sus consecuencias en gran parte de la sociedad”, argumentó.

Nicanor aseguró que la búsqueda del acuerdo interno en el Partido Colorado no tiene ninguna vinculación a su juramento como senador.

Por otra parte cuestionó a Enrique Riera, quien afirmó que la alianza colorada será un pacto de impunidad. “Riera es experto en peroratas y dice muchas cosas. Hace un mes era un enamorado de Cartes, pero hoy dice que es un pacto de impunidad. Se pierde la credibilidad cuando se actúan en base a las emociones”, lanzó.

Dijo que personalmente no tiene interés por ocupar la titularidad de la Junta de Gobierno, sino más bien está deseoso de estar en el Senado. Alegó que en dos oportunidades sobrellevó la negación de una élite parlamentaria que le impidió ser legislador, como también lo hizo con Horacio Cartes.

En otro momento de la entrevista calificó de mediocre a la oposición y lamentó el despilfarro de dinero en los beneficios extras a los funcionarios estatales.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.