En noviembre pasado entregó 1.000 millones de guaraníes al Consejo Departamental de Salud de Caazapá para la ampliación y remodelación del hospital regional de la zona. Además, entregó becas por un valor de 1.100 millones de guaraníes para los estu­diantes caazapeños.

Este monto representa un segundo desembolso. Vale decir que desde que Duarte Frutos asumió la dirección de la EBY, la ayuda en ese con­cepto ya llegó a 2.200 millo­nes de guaraníes.

Ayer, el gobernador del sexto departamento, Pedro Díaz Verón, hermano del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón (actualmente recluido en el penal de Viñas Cué), confirmó su retiro del movimiento Honor Colorado y su adhesión al movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez.

El político dijo que tomó la decisión por cuestiones de “liderazgo regional” y que no hubo ningún condicio­namiento de parte del jefe de Estado ni de parte de los otros líderes del citado movi­miento interno de la ANR. Sin embargo, el reacomodo ya se había anunciado el vier­nes último tras conversacio­nes mantenidas con el vice­presidente de la República, Hugo Velázquez.

Idéntica posición asumie­ron los gobernadores de Ita­púa, Juan Schmalko, y de Misiones, Carlos Arrechea, con la intención de forta­lecer el movimiento Colo­rado Añetete con miras a las elecciones municipales y la renovación de autoridades de la ANR en el 2020.

El gobernador caazapeño había pedido públicamente la reelección del ex presidente de la República Horacio Car­tes durante la convención de la ANR, llevada a cabo el 26 de octubre pasado, moción que tuvo la aprobación de la mayoría de los convenciona­les. Hoy anuncia su salida gra­cias a la contribución recibida de parte de Duarte Frutos.

El reacomodo es “natural”

Para el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, la migra­ción de un movimiento a otro es natural en política y el caso de los gobernadores que anunciaron su apoyo a Colorado Añetete forma parte de esa realidad.

“Ellos ya expresaron públicamente su adherencia no solamente institucional, sino también política al Gobierno”, expresó. Agregó que desde ese sector interno de la ANR no hay intenciones de buscar el apoyo de los otros movi­mientos.

“Nosotros no estamos buscando eso. Esto se dio natural­mente. En política los posicionamientos se dan de manera natural, no hay que intentar forzarle a nadie el paso de un lugar a otro, sino que se tiene que dar de manera natural como es este caso. Tanto es así que ocurre lo mismo en cuanto a las candidaturas para la Junta de Gobierno”, aseguró.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.