POR JORGE TORRES ROMERO, periodista del diario La Nación.

De acuerdo a los datos recabados, la publicitaria tenía un acuerdo con las autoridades de la ANR y el jefe de campaña, el entonces ministro Rogelio Benítez (futuro embajador paraguayo ante el Uruguay), quien también se desempeñaba como tesorero de la agrupación política; sin embargo, tras la derrota de la candidata colorada, no quisieron reconocer la deuda y la firma terminó en la quiebra, por lo que tuvo que realizar la convocatoria de acreedores.

Existen fuertes indicios de que finalmente hicieron pagar las cuentas a instituciones públicas, teniendo en cuenta que la citada publicitaria tenía también a su cargo las cuentas de varios entes y organismos del Estado, entre ellos el Despacho de la Primera Dama, a cargo de Gloria Penayo de Duarte.

De hecho, un informe de la Contraloría General de la República (CGR), de fecha 6 de junio del 2007, advierte al Poder Ejecutivo sobre serias irregularidades que fueron detectadas en contrataciones efectuadas por el Despacho de la Primera Dama en los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006 con la firma Sistema Siete SA.

La nota firmada por el contralor de ese entonces, Octavio Airaldi, señala que en el ejercicio fiscal del 2005 se efectuó una contratación directa bajo la figura de la excepción con la citada empresa por un monto de G. 489.859.579.

La citada dependencia gubernamental había alegado la “urgencia impostergable” para el procedimiento, atendiendo la realización de la XIII Conferencia de Primeras Damas, Esposas y Representantes de Jefes de Estados y Gobiernos de las Américas, llevada a cabo en el país del 28 al 30 de setiembre del 2005.

Sin embargo, la CGR señaló en su informe que la figura de la excepción, invocada por el Despacho de la Primera Dama, carecía de sustento legal y también denunció que se habían simulado procedimientos de contratación a efectos de regularizar contrataciones ya realizadas por la institución a cargo de la esposa de Duarte Frutos.

Una de las notas dirigidas por la CGR en el 2007 exigiendo documentos respaldatorios al Despacho de la Primera Dama, manejado por Gloria Penayo, sobre los contratos directos con la agencia publicitaria ligada a Duarte Frutos.

MIMADA DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

Si bien la publicitaria cercana a Nicanor era la “mimada” de las contrataciones públicas, los mayores contratos los obtuvo en la Itaipú Binacional, la que amparada en su persona jurídica eludía todos los procedimientos legales y de control estatal. Prueba de ello es que en dos años y medio, entre el 2006 y el 2008, facturó a la entidad nada menos que 16.000 millones de guaraníes, de los cuales, en el 2008, en plena etapa electoral, cobró unos G. 2.070 millones.

Los fondos provenían de los “gastos sociales” de Itaipú y cerca de 1.708 millones de guaraníes figuran haber sido pagados en concepto de impresión, pasacalles, quepis, camisetas, afiches y gigantografías, supuestamente en el marco de la campaña contra el dengue y la fiebre amarilla. Las localidades donde supuestamente se hicieron estas campañas corresponden al interior, en lugares como Santa Rosa, Carayaó, Minga Guazú, etc.

En la campaña electoral en el 2002, Duarte Frutos había declarado en una entrevista que tenía “una pequeña empresa” dedicada al “marketing, consultoría, publicidad y servicios generales”, se trataba de la misma empresa que luego se denominó Sistema Siete, aunque con otros accionistas, pero cercanos a él, como su compadre y compueblano José Ángel Soto Barreto, quien se convirtió en el hombre clave de los negocios del mandatario.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

Lea también: Kattya fue funcionaria sin concurso, y ahora "el muerto se asusta del degollado"

“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

Leé más: Kattya González fue asesora del Congreso en el pasado

El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

Puede interesar: “Apoyo a emprendedores es fundamental para la generación de empleos”

“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.