El presidente del Senado, Silvio Ovelar, se refirió en entrevista con la prensa al juramento de la doctora Alicia Pucheta como miembro del Consejo de la Magistratura. En ese sentido resaltó que se restableció el orden normativo constitucional.

El político colorado rechazó que sea una medida inconstitucional, tal como alegan los detractores del oficialismo que no acompañaban la figura de Pucheta, quien posee una larga trayectoria intachable en el ámbito judicial.

En otro momento, Ovelar lamentó el disturbio generado en momento del juramento de la exministra de la Corte, que se dio en medio de una pequeña escaramuza y gritos entre los opositores y colorados.

EL INCIDENTE

El colorado Basilio “Bachi” Núñez agredió al liberal Eduardo Nakayama echándolo de la sala a los empujones. “No me vayas a tocar. ¿Qué te pasa para tocarme?”, le espetó Nakayama. A lo cual la respuesta de Bachi fue: “Sos un imbécil”.

Estos incidentes se dieron a raíz de los argumentos que existían en torno a si correspondía o no que ingrese la designada por el Poder Ejecutivo. Alicia Pucheta fue elegida para ocupar el cargo en el CM bajo el argumento del fenecimiento del mandato de Enrique Kronawetter. Como suplente fue nombrado Ariel Martínez Fernández en lugar de Carlos César Trapani Ibarra, también por fenecimiento de mandato de este último.

Una de las posturas constitucionalistas a favor de la designación de Pucheta fue la del exasesor jurídico de la Presidencia en la era Lugo, Emilio Camacho, quien señaló que, si bien el artículo 263 de la Constitución Nacional establece que el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura dura tres años en sus funciones, esto no significa que no pueda ser cambiado.

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Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.