En charla con la 730 AM, el legislador suspendido aseguró que el ataque al congresista Calé Galaverna, a quien derramó agua en plena sesión de la Cámara Alta, no fue una cuestión deliberada, sino que actuó impulsivamente porque le quisieron impedir el derecho a la defensa. Indicó que antes de esto no había votos para su sanción y que tras su arrebato, sus colegas cambiaron de postura, atendiendo que “existe un espíritu corporativo y vieron que tenían que hacer algo para salvar a uno de su rebaño”.

“Estos 60 días me van a servir a mí también. Yo no tengo una estrategia, un jefe de marketing. (…) Hay cuestiones que me van a tener que hacer cavilar en esta Semana Santa”, sostuvo sobre la sanción que le impusieron a pedido de Galaverna por haber tildado de “ladrón e insecto” al titular del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar.

No obstante, recalcó que seguirá con sus peculiares actuaciones. “Digo que soy un religioso cívico porque explico el anarquismo, que está muy estigmatizado, y yo me muevo en base a dogmas, mi tarea es hacer catequesis todos los días. Yo no creo en la democracia, no creo en las urnas, porque roban”, esgrimió.

MONSTRUITO OPORTUNISTA PARECIDO A BOLSONARO

Ayer el legislador Sixto Pereira (Frente Guasu) aseguró en la sesión donde se sancionó a Payo que este político es un “monstruito oportunista” que aprovecha del hartazgo de la ciudadanía. Lo trató de autoritario y de tinte fascista, además de compararlo al presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Utiliza sus fueros para decir y hacer lo que quiere. Es violento este compañero, raya ya la violencia. Con suspensión no arreglamos, hay que cortar esta figura que no construye. Es un individuo que cumple un rol, una agenda”, lanzó.

La periodista Francisca Pereira indicó hoy a la 970 AM que Cubas molesta mucho al “corporativismo del Senado” porque roba cámara, conoce el expediente de cada uno de sus colegas, y no se puede contar con él para asociarse o hacer pactos, ya sea con el oficialismo o con la oposición, porque posee por su propio cronograma de acción.

En los pasillos del Parlamento ya se evalúa la posibilidad de echarlo y una de las formas previstas en la ley es el desequilibrio mental.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.