El exprecandidato presidencial colorado Santiago Peña sostuvo que la convención de la ANR, realizada el sábado pasado, arrojó decisiones erradas al elevar a 10 años el periodo de afiliación para poder ser candidato. Consideró que esto conseguirá que los jóvenes se aparten de la nucleación política.

“Creo que es un retroceso del Partido Colorado, sobre una visión errada. Esto está influenciado por el actual oficialismo, muchos convencionales por querer agradar, están alejando a los jóvenes”, dijo Peña en comunicación con la 1080 AM.

El político mencionó que en los orígenes del Partido Colorado no figuraba la restricción de años de afiliación para ser candidato, y explicó que el requerimiento fue instalado recién contra Guillermo Caballero Vargas para que no se postule a presidente. “Lo que se hizo en el 2011 fue volver a las raíces del Partido Colorado. Lo que se hizo ahora es volver a algo que no estaba contemplado en el estatuto partidario”, sostuvo.

Consideró que el objetivo real es impedir su candidatura para las municipales del 2020 y las presidenciales del 2023. “Claramente el objetivo era que yo no sea opción ni en las municipales ni de autoridades de partido ni en las presidenciales del 2023, pero yo no estoy trabajando en ningún proyecto electoral, actualmente no soy candidato de nada”, dijo.

El expresidencialista reconoció que existe un movimiento en las redes sociales que se denomina Paraguay Primero Santi Peña 2023 y aclaró que es solo la muestra del sentimiento de la gente que se vio frustrada al no verse representada por los actuales dirigentes. “Si la vida me da la oportunidad de ser candidato, lo haré”, añadió dejando en claro que no tiene pensado postularse por fuera de la ANR.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.