Sindulfo Blanco está acusado por supuesto mal desempeño en sus funciones. En sesión extraordinaria, 30 senadores votaron a favor del juicio político.

El pedido de juicio político a Blanco se aprobó en diciembre de 2014, y fue tratado en el Congreso en 2016, pero las sesiones para abordarlo quedaron suspendidas en varias ocasiones por falta de quórum.

Blanco ejerció el día de ayer su derecho a defensa, donde ofreció pruebas. El juicio continúo el día de hoy, donde se rechazó la versión del magistrado y el Tribunal dio su sentencia.

El ahora destituído ministro de la Corte debía retirarse en el mes de diciembre próximo, por cumplimiento de la edad reglamentaria para el ejercicio del cargo, los senadores señalaron que su destitución era una necesidad, para dar un mensaje a la ciudadanía que los malos manejos en la función pública deben ser castigados.

LAS ACUSACIONES

Las acusaciones contra Blanco fueron: violación Constitución Nacional, al permitir el ingreso al país de químicos altamente peligrosos, favoreciendo a una empresa privada.

La siguiente hace mención a la pérdida de honorabilidad (causal de destitución) cuando mintió al Congreso afirmando que se sujetará a los cinco años de mandato para ocupar el cargo, y después accionó para lograr la inamovilidad.

La tercera acusación habla de la compra y venta de tierras públicas, en abierta contravención a disposiciones de la ley.

El cuarto elemento que sirvió a los acusadores menciona el impedimento que puso para la intervención de la Contraloría acusada de hechos punibles, una acción considerada como de apañamiento para hechos de corrupción.

La quinta acusación: otorgó la inconstitucionalidad al juez Atilio Saguier Granados, quien fue destituído por el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por mal desempeño de funciones.

Permitió la liberación del asesino Fabio José Ruffato, condenado inicialmente a 24 años por un crimen con alevosía. Redujo esa pena a nueve años.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.