Quintana encabeza actualmente la larga lista de legisladores bajo lupa de la justicia. El mismo pasó 10 meses en la prisión de Viñas Cue, y su temporal puesta en libertad se vio envuelta en un escándalo judicial, por los argumentos legales de poca consistencia, según opinión mayoritaria de juristas. El propio ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio opinó que “no es común” que procesados por narcotráfico y delitos conexos se enfrente con libertad ambulatoria.

Otro de la lista es el expresidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. La Fiscalía descubrió un perjuicio aproximado de G. 1.700.000 millones y detectó un total de 14 inmuebles que pertenecen al legislador, tras acceder a su declaración jurada de bienes.

El senador con permiso y actual ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, tiene varias “joyitas” en su haber. Desde la no presentación de su declaración jurada de bienes hasta formar parte del esquema de coimas del Indert. La Contraloría General de la República abrió un sumario contra el titular del MAG por incumplimiento de la presentación de su declaración y de acuerdo con publicaciones periodísticas, no sería la primera vez que “ningunea” a la CGR, ya que una situación similar se dio cuando dejó su cargo en la Gobernación del Guairá.

La familia Zacarías Irún se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía desde el año pasado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Los diputados Justo Zacarías y Rocío Abed forman parte de esta investigación del Ministerio Público. Según la acusaxión fiscal, ambos formarían parte del esquema de empresas encargadas de lavar activos. Por otro lado, el senador Javier Zacarías también está imputado por declaración falsa, ya que habría omitido algunos de sus bienes y cuentas en su declaración jurada.

El diputado colorado Tomás Rivas tiene una causa por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Este proceso es en el marco del caso de los caseros de oro. Rivas habría utilizado fondos del Estado para pagar a sus empleados particulares.

El liberal Carlos Portillo está imputado por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado. El diputado aparece en uno de los audios filtrados del JEM donde se lo escucha conversando con una funcionaria judicial, a quien amenaza con frenar su ascenso mediante sus influencias, si no le concede un favor.

El parlasuriano del PLRA Milciades Duré está implicado en un supuesto negociado en la compra de 5.000 hectáreas de tierras de San Agustín SA, empresa vinculada a Jorge Oviedo Matto. Se habla de un desfalco de G. 48.000 millones que se dio en el Indert durante la gestión de Luis Ortigoza. Duré está imputado por lesión de confianza.

El diputado Teófilo Espínola (PLRA) está procesado por lesión de confianza, tras una investigación de una presunta sobrefacturación en la construcción de sedes del Ministerio de la Defensa Pública, en ese entonces a cargo de Noyme Yore. La Cámara de Diputados le otorgó su desafuero para que pueda afrontar el proceso judicial.

Enzo Cardozo fue acusado de desviar fondos durante su gestión como ministro de Agricultura. El perjuicio es de G. 59.552.639.175. Esta malversación le valió una imputación por lesión de confianza y estafa. En este caso, estarían implicados el exministro Rody Godoy y otros 19 funcionarios.

LOS BLANQUEADOS

Son dos los parlamentarios que consiguieron el sobreseimiento en sus causas. El primero fue el diputado Carlos Núñez Salinas quien estuvo imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos. De acuerdo con la investigación que había encabezado la Fiscalía, la empresa Intercom Ingeniería SA, propiedad del legislador, había declarado la importación de 111 ruteadores por la suma de US$ 17.600, pero luego se detectó que ingresaron al país decodificadores de televisión valorados en US$ 1.026.000.

El otro legislador sobreseído es Enrique Salyn Buzarquis. El senador liberal tenía un proceso por usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, ya que cuando era ministro del MOPC, firmó un convenio con la empresa italiana Anas. En el mismo, compro­metió US$ 600.000 de los recursos del Estado sin autorización de la Presidencia. El sobreseimiento se dio por prescripción de la causa.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.