Mientras el país vive su peor momento debido a la crisis sanitaria desatada por la propagación del covid-19 y la falta de medica­mentos e insumos para ayudar a los pacientes internados, desde el Congreso Nacional se reali­zaron enormes aumentos para funcionarios leales a los legis­ladores. Destacan los recomen­dados del Frente Guasu (FG) y del presidente del Legislativo, Óscar “Cachito” Salomón.

A través de una planilla con más de 300 nombres se pudo corro­borar el aumentazo que se llevó a cabo desde la administración Salomón para premiar a sus funcionarios, quienes fueron privilegiados con suba de sala­rios en medio de la pandemia. En el listado sobresalen, como es costumbre, los asesores polí­ticos de senadores y también los comisionados.

Entre los funcionarios con los mayores aumentos se encuentra Diana Rocío Var­gas, que pasó de percibir G. 6,5 millones a G. 10 millones. De acuerdo con la nómina de fun­cionarios, está comisionada a Diputados y es directora de la bancada del Partido Democrá­tico Progresista (PDP). Tam­bién cobra otros G. 4,5 millo­nes en el Senado, lo que eleva su salario a G. 14,5 millones.

Otro de los comisionados beneficiarios del Frente Guasu con estos aumentazos es Roge­lio María Benítez Aquino, ase­sor de despacho de la senadora Esperanza Martínez; elevó su sueldo de G. 7,3 millones a G. 10,5 millones. Igualmente, el jefe de despacho de la sena­dora del Frente Guasu, Gus­tavo Javier Rodríguez, quien también está comisionado a la Cámara Alta, tuvo un incre­mento de G. 3,2 millones, que elevó su sueldo en el Congreso a G. 10,5 millones, además de los G. 2,1 millones que percibe en el Senado.

Los alevosos aumentos salariales se dieron en plena crisis sanitaria por la pandemia de covid-19.

Dentro del listado, asimismo, está Augusto Gernhoffer Núñez, comisionado del Con­greso a la Cámara de Senadores. El abogado con cargo de director jurídico ganaba G. 7,2 millo­nes hasta el año pasado; sin embargo, obtuvo un aumento de G. 4,8 millones, y ahora per­cibe la suma de G. 12 millones de forma mensual.

En sus redes sociales el letrado tenía una serie de memes burlándose del presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez, líder del movi­miento Colorado Añetete, al que también pertenece el presidente del Congreso. La designación de este jurista, de afiliación liberal, se habría dado en el marco del acuerdo que llevó al parlamentario a ser el actual titular de la Cámara Alta, pacto realizado también con el sector del FG.

Le sigue a este abogado la direc­tora de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Natu­rales (Conaderna), Mirna Mari­thé Añazco Ortiz, quien recibió un aumento de G. 4,5 millones, acrecentando sus ingresos de G. 9,7 millones a G. 14,2 millo­nes. Esta fue despedida en el 2014 de la Cámara de Diputados por planillera junto con otros siete funcionarios acusados de cobro indebido de honorarios; sin embargo, fue nombrada en el 2019 en el Congreso.

En el siguiente peldaño está Melissa Luján Parada Ruiz Díaz, comisionada a la Cámara de Senadores con el cargo de directora de Control de Per­sonal; recibió un aumento de G. 4,4 millones, lo que infló su sueldo en el Congreso hasta los G. 8 millones, que sumado a los G. 4,6 millones que recibe en Senadores da como resultado unos G. 12,6 millones.

Esta última ingresó al Senado de la mano del ex senador Gómez Verlangieri gracias a que se desempañaba como directora técnica del club Spor­tivo Limpeño, que está ligado estrechamente al político.

Mismo aumento que Parada recibió la funcionaria Teresita Báez Llamosas, directora de Estudios Legislativos y comisio­nada a la Cámara de Diputados; agrandó sus ingresos a G. 11,3 millones en el Congreso, que se suman a los G. 9,2 millones que recibe en Senadores, lo que da como resultado unos ingresos mensuales de G. 20,5 millones.

Le sigue en los aumentazos Evelyn Karina Prieto Montiel, directora jurídica del Cabildo, cuyo salario aumentó G. 4 millo­nes, trepando hasta los G. 13,7 millones. Asimismo, Rocío Careaga Galeano, asesora, reci­bió un aumento de G. 3,5 millo­nes; elevó sus ingresos a más de G. 8 millones. También dentro del top 10 de aumentazos está el director en Técnica Legislativa de la Comisión Permanente de Derechos para las Personas con Discapacidad, Édgar Amado Villamayor, quien aumentó su sueldo a G. 9,3 millones.­

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.