Aníbal Cabrera Verón, titular del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, en conversación con radio 730 AM, indicó que Santiago Peña, precandidato a Presidente, figura en el padrón.

“Su candidatura puede ser sometida a la jurisdicción del tribunal electoral, ahora no queremos emitir opiniones al respecto. Estamos en un periodo de tachas y reclamos de acuerdo a los afiliados. Puede surgir, pero no quiero prejuzgar”, indicó con relación a la posibilidad de impugnarse la postulación.

Refirió que el Estatuto del Partido Colorado estable que una persona debe contar con un año de antigüedad para ser postulada para la diligencia dentro de la nucleación. Prefirió no detallar hasta qué fecha se permite realizar ese conteo.

“Acá debe juzgarse no solo el estatuto, sino que el reglamento electoral y el código electoral. Los tres determinan toda la parte electoral de nuestro partido y del país”, dijo.

En ese sentido, el Estatuto Partidario (convención extraordinaria del 15 de enero del 2011) resalta en su Art. 110 que los candidatos del partido para postular a presidente deben tener por lo menos un año de antigüedad como afiliado y que se cumpla con el art. 23, que también menciona que para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere tener un año de antigüedad como afiliado.

El reglamento electoral, resolución del TEP Nº 758/2012 del 2 de julio del 2012, establece en su artículo 19 que para ser candidato a miembro de la Junta de Gobierno se requiere de una antigüedad de un año como afiliado, como mínimo a contar desde el día señalado para los comicios.

Santiago Peña se afilió a la ANR el 9 de noviembre del 2016 y desde esa fecha faltaban 402 días para las elecciones internas del partido colorado, previstas para el 17 de diciembre del 2017, por lo que no habría motivos para ser impugnado.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.