En conversación con la 970 AM Querey mencionó que el 2 de abril vence el plazo de la vigencia de la comisión Messer, donde él es el relator y por lo tanto debe realizar su reporte de los elementos recolectados durante la investigación.

Adelantó que el informe está avanzado y que este fin de semana lo podría ya concluir, para presentarlo ante sus colegas en el pleno, donde recomendará que se corra traslado a la Fiscalía para que abra una investigación penal.

Sobre la intención del titular de la comisión, su colega Rodolfo Friedmann, el senador del Frente Guasu mencionó que este le manifestó que posee un dictamen jurídico del Senado que le faculta a remitir al juzgado la segunda incomparecencia del expresidente Horacio Cartes, siendo que en mayoría ya se votó no hacerlo. “Estamos esperando a ver si el presidente (de la comisión) da ese paso”, comentó.

“Nosotros investigamos los delitos que podría haber cometido Messer. El tema del expresidente siempre se cruza y es una salpicadura de las internas coloradas. Lo que hicimos fue convocarlo, pero no acudió. Ahora se debate si remitir los antecedentes para sancionarlo es un trámite administrativo que corresponde al presidente de la comisión o si se debe votar en el cuerpo colegiado”, indicó.

“Horacio Cartes no es el acusado, no es una persona a quien le estemos acusando de algo. Cuando propongo invitarlo a comparecer es como lo hicimos a las otras personas. Iba a ser importante tenerlo para conversar con él. A mí me hubiera gustado que vaya, pero lo que resta del caso Messer quedara en manos de la Fiscalía, porque mi propuesta será correr traslado del informe al Ministerio Público”, puntualizó.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.