El legislador Walter Harms despotricó duramente contra el ministro Rodolfo Friedmann, tras las pruebas contundentes en su contra respecto a su gestión como gobernador de Guairá.

“Además de su paupérrima gestión y el rechazo de los gremios de la producción, ahora suma actos miserables. Robar está en la naturaleza del ser humano y hay delincuentes en todo el mundo, pero lo que indigna y ofende que sean robos miserables. No tiene perdón sacarle un plato de comida a un niño humilde, para enriquecerse y ostentar en la farándula”, arremetió.

El congresista solicitó “gestos” al presidente Mario Abdo para que recupere la credibilidad de parte del pueblo paraguayo y cumpla la promesa de que no habrá protegidos en su gobierno.

Así también pidió al Ministerio Público que intervenga y abra una investigación.

CASO FRIEDMANN

Ayer el programa La Caja Negra expuso que una empresa ligada al exgobernador Rodolfo Friedmann fue proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del cuarto departamento cuando éste aún ocupaba el cargo. Así lo confirma Hugo Alexander Torales Viveros, quien aparecía como representante legal y firmaba los contratos con el propio Friedmann, siendo éste gobernador.

La empresa ESSA fue creada originalmente por el ahora diputado Ever Noguera, alias “el rey de las licitaciones”, quien en el 2016 cuando iba a lanzarse a la arena política vendió todas sus acciones a Torales, quien ya era accionista de la SA.

En su momento, se mencionó que Torales oficiaba de testaferro de Friedmann, quien en publicaciones periodísticas de la época admitió ser amigo de Torales desde hace muchos años, pero rechazó cualquier tipo de vínculo empresarial o tráfico de influencias para beneficiarlo.

Sin embargo, cuando Friedmann dejó la gobernación cambió la situación y se apropió de la firma según denuncia ahora Hugo Alexander Torales en una entrevista exclusiva en La Caja Negra (Unicanal).

El prestanombre revela que el entonces gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann, aportó en concepto de capital operativo G. 1.700 millones con la condición de que el 80% de las utilidades de la empresa serían para él.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.