Fue la senadora Desirée Masi quien indicó que el PDP impugnará candidatura al senado del presidente Horacio Cartes y de Nicanor Duarte Frutos.

En conversación con los medios de prensa, indicó que recién podrán presentar la acción tras las internas del Partido Colorado, en las generales del 2018.

“Vamos a hacer como PDP en su momento si es que la gente de la ANR no lo piensa y si no corre eso, vamos a tener la suficiente mayoría en el Senado para que no jure, así es que piense muy bien nomás ya el presidente lo que va a hacer, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para evitar que jure”, dijo.

Masi argumentó que únicamente están habilitados Fernando Lugo, quien fue destituido por juicio político; Raúl Cubas Grau, quien renunció, y Gonzalez Macchi, quien no fue electo democráticamente.

El PDP dio a conocer un comunicado donde confirma la intención de presentar la impugnación:

La defensa de la Constitución es esencial para la vigencia de la democracia. En los últimos años las ambiciones personales y la venalidad de quienes tienen que hacerla cumplir, le han hecho un grave daño a la institucionalidad de nuestra República.

En ese contexto, se han oficializado las candidaturas del presidente Horacio Cartes y del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, en contravención de lo que establece la Constitución. Cartes, además, sobrepasando todos los límites de la prepotencia y el desprecio a la institucionalidad, ha anunciado que no piensa renunciar a la presidencia en ningún momento, una situación que es imposible imaginar y sólo se entiende en el contexto de un proyecto político que no es democrático.

Con relación a ambos, el art. 189 de la Constitución dispone con meridiana claridad que “los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”. El texto de la Carta Magna se expresa en imperativo por lo cual no deja lugar a una interpretación diferente. Tanto Duarte Frutos como eventualmente Cartes, sólo pueden ocupar una banca en el Senado como senadores vitalicios.

Con relación a Cartes además se aplican diferentes normas de la Constitución (arts. 197 y 198) y del Código Electoral que establecen inhabilidades e incompatibilidades para postularse y ejercer cargos públicos a personas que están en el ejercicio de funciones ejecutivas. Resulta absurdo sostener que todos los funcionarios que administran bienes públicos deben renunciar a su cargo para postularse a elecciones, menos el Presidente, quien es el que tiene más poderes y capacidad de utilizar recursos del Estado en su provecho.

También Cartes está inhabilitado de ser candidato en virtud del art. 237 de la Constitución que dispone que el Presidente debe “dedicarse en exclusividad a sus funciones”. Desde el momento en que inscribió su candidatura, Cartes se encuentra violando esa norma constitucional, ya que la actividad proselitista implica responsabilidades ajenas a la función presidencial.

Con relación a este punto, se ha señalado que la Corte Suprema de Justicia se ha expedido con relación al caso Duarte Frutos y sentado jurisprudencia. En ese sentido es necesario recalcar que el tribunal supremo de nuestro país no se refirió a la cuestión de fondo en su resolución sino a aspectos formales de la actuación de la Cámara de Senadores, sin estudiar los fundamentos de derecho, por lo que no se ha sentado precedente alguno. Además, una violación constitucional, en el caso de Duarte Frutos un intento, no justifica contravenciones futuras. La defensa del orden constitucional es una tarea permanente que nos debe comprometer a todos contra la prepotencia de quienes pretenden alzarse en contra de la ley. Las frecuentes alteraciones de las normas constitucionales constituyen una materia pendiente que nos convoca a tomar las medidas tendientes a la plena vigencia de la Constitución del 92, rectificando las interpretaciones lesivas de sus prescripciones.

A Cartes finalmente se le debe aplicar además el art. 236 de la Constitución, que establece la inhabilitación por dos periodos consecutivos para quienes “atenten contra el orden establecido por esta Constitución”, como ha ocurrido durante su Gobierno en que se pretendió alterar la Ley Fundamental por medios inconstitucionales.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.