El diputado colorado Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, habló sobre el caso de su colega Ulises Quintana y recordó que el mismo ya tuvo tres ausencias consecutivas en las sesiones de dicho cuerpo legislativo.

A raíz de esta situación, varios parlamentarios se encuentran analizando qué hacer en su caso, si optan por suspenderlo o directamente impulsan un nuevo pedido de pérdida de investidura para que sea removido de su banca.

“Lo de Ulises se estaría definiendo el día de mañana. No sé si solamente sería por la vía administrativa o si alguien plantearía su pérdida de investidura”, indicó Alliana, quien ya adelantó que no se estará otorgando un permiso al diputado altoparanaense debido a que esa es la posición de la mayoría de las bancadas.

El titular de la Cámara Baja señaló que si su colega no tuvo la oportunidad de acceder a alguna medida sustitutiva a la prisión para poder cumplir con sus funciones de diputado, entonces “se ven en la obligación de sacarlo del plantel”.

Alliana comentó que el reglamento interno de la Cámara de Diputados no es muy claro sobre este tipo de escenarios ya que nunca había sido contemplado y tampoco se había registrado con anterioridad, siendo algo “sui generis” en el Congreso.

Independientemente a cuál sesa definición sobre este tema, Rocío Abed ya se encuentra ocupando una banca en la Cámara Baja en reemplazo de Ulises Quintana desde hace unas semanas.

Cabe recordar que Ulises Quintana había sido imputado por la Fiscalía por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, esto luego de ser vinculado con el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.