De las cámaras del Congreso de la Nación pasaban a la cátedra y de la cátedra a los mítines de estudiantes, obreros, trabajadores y mujeres. Forman parte de la maravillosa, e inigualable, Generación del 900. Conocen la cárcel y el exilio. Mas el espíritu indoblegable para pelear la buena batalla por la justicia los asciende a la consideración respetuosa de las masas, las que, en retribución, los cubren con sobrenombres como “abogado de los pobres” (Ricardito Brugada), “agitador de ideas” (Ignacio A. Pane), “amigo de los proletarios” (Telémaco Silvera) o “maestro de la moral” (Juan León Mallorquín).

En esa agenda de combate figuraban la reivindicación del mariscal Francisco Solano López, las ocho horas laborales y salario mínimo obligatorio para los trabaja- dores, así como el reconocimiento de los derechos sociales, jurídicos y políticos de las mujeres.

Con los primeros destellos del siglo XX, el doctor Ignacio A. Pane inició el movimiento feminista en nuestro país. Años después pronuncia su célebre afirmación: “No necesito ser obrero para ser obrerista, así como no necesito ser mujer para ser feminista”. A salón rebosante de público pronuncia su revolucionaria conferencia: “La mujer ante la causa obrera”.

En su propuesta como candidato a la Cámara de Diputados, en 1911, incorpora “el voto activo y pasivo de la mujer” y “la reforma de la ley del matrimonio civil para favorecer el interés de los hijos”. Otro republicano, el doctor Telémaco Silvera, en 1919 presenta ante la Cámara Baja, por primera vez en nuestra historia, el proyecto de ley de los derechos civiles y políticos de la mujer. Fue el primer intento de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

Más allá del juicio crítico – justipreciado o exagerado– que pueda tenerse sobre la Asociación Nacional Republicana, o las preferencias internas en cuanto a propues- tas y candidaturas, es innegable que esta organización partidaria, a través de uno de sus movimientos – Honor Colorado, en este caso–, de nuevo ha dado un salto cualitativo dentro del escenario político nacional. A mitad de semana puso a consideración del electorado republicano a ocho mujeres como precandidatas a la Cámara de Sena- dores, donde se mezclan la experiencia política transformadora con un extraordinario bagaje intelectual y profesional de personas que han demostrado sobradamente sus condiciones técnicas y humanas en la gestión pública.

Las diputadas Del Pilar Medina, de Central, y Cris- tina Villalba (también ex gobernadora), de Canindeyú, tienen una larga hoja de vida al servicio del Partido Colorado. Más allá de los cuestionamientos mediáticos y la censura de sus adversarios, indudablemente se han ganado el afecto de sus respectivos pueblos, razón por la cual fueron reelectas para ocupar un espacio en la Cámara Baja. Ahora apuntan, legítima ambición, al Senado. Los espacios se ganan con votos y los votos se ganan con la confianza de la gente. Una ecuación sen- cilla que muchos no quieren leer ni entender.

Las que nunca estuvieron en cargos electivos son la señora Lizarella Valiente, proveniente de una familia tradicionalmente colorada – esposa del actual intendente de Asunción, Óscar Rodríguez–, la doctora (abogada) María Teresa Peralta, reconocida dirigente partidaria, una de las primeras integrantes de Honor Colorado y actual directora general del Registro Electoral (DGRE), y María José Argaña, ex ministra de la Secretaría de la Mujer y varias veces candi- data al Senado. Fue también embajadora ante el gobierno de Ecuador y, luego, pasó a desempeñar las mismas funciones en Portugal.

Y completan este cuadro multidisciplinario la doctora Alicia Pucheta de Correa, ex ministra de la Corte Suprema de Justicia; la economista Lea Giménez, la primera mujer ministra de Hacienda del Paraguay y la más joven en América Latina en desempeñar ese cargo. Y cierra esta formación de honor – un justo calificativo, más allá de nuestras inclinaciones políticas–, la también economista, egresada con honores de la Universidad Nacional de Asunción, Mónica Pérez. Fue presidenta del Banco Central del Paraguay y titular de la Dirección Financiera de la Itaipú Binacional hasta agosto del 2019. Tanto Lea Giménez como Mónica Pérez desempeñaron funciones en organismos multilaterales con una calificación sobre- saliente.

Nuestra misión como periodistas nos demanda ser comedidos. Pero, en ocasiones, se nos permiten algunas licencias. Esta lista de mujeres precandidatas al Senado ameritan formar parte de un “Cuadro de Honor”. Y como se diría en el lenguaje coloquial, ahora es la hora: Mujeres al poder.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.