La misma recordó, en entrevista radial con la 650 AM, que en diciembre ya habían denunciado la mala utilización de los fondos subsidiados por el Estado al PLRA, ya que no pudieron acceder a los documentos correspondientes.

“La ley establece claramente en que se puede gastar el subsidio para el PLRA. En el 2016 se le transfirió casi G. 15 mil millones. No vamos a retirar la denuncia, queremos saber en que se gastó ese dinero. Ellos tienen que devolver esa plata”, resaltó Vazquez.

Basilisa criticó que siempre Efraín Alegre y sus cercanos alegan persecución política cuando se les exige que cumplan la ley, siendo que ellos siempre piden que otros actúen correctamente.

“Utilizan la plata del PLRA y no hacen rendición de cuentas. Utilizan la plata del PLRA para grandes farras, para comer paellas y mariscos en restaurantes y hoteles de lujo aquí y en Uruguay. La gente tiene que saber lo que pasa en el PLRA”, indicó.

Este jueves, el diario La Nación publicó que además el candidato a la Presidencia de la República por la alianza Ganar, Efraín Alegre, autorizó la compra de decenas de litros de alcohol PLRA en los días previos al 31M.

Al mirar las facturas con cargo al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), hace pensar que en dicha agrupación política había una intensa actividad en los días anteriores a la noche del 31 de marzo de 2017, cuando se ejecutó con precisión quirúrgica la quema del Congreso Nacio­nal, pero previamente se creó el caos en las calles por violentos militantes azules, con el apoyo de barrabravas alquilados, para justificar el atropello.

OPERACIÓN MOLOTOV

La documentación obte­nida hace imaginar a un ejército de afiliados liberales cargando, des­cargando, almacenando y preparando todos los pertrechos necesarios, para lo que muchos die­ron en llamar la “opera­ción molotov”.

En días previos al 31M, las facturas hablan que Alegre, auto­rizó la compra de dece­nas de litros de alcohol, que posteriormente, por las palabras “milagrosas” del senador Luis Alberto Wagner, se convertirían en “vinagre” a la hora del tra­bajo de investigación fis­cal sobre el incendio del Congreso. Asimismo, se disparó la adquisición de gasoil y nafta en compara­ción con otros meses.

Los fuegos artificiales for­maron parte del esquema de asalto al Parlamento, en que todos vieron cómo fue utilizada la pirotec­nia no solo para generar zozobra en las calles de la ciudad, sino para enfren­tar a los efectivos policia­les y para dispararlos a la estructura del Congreso. El PLRA adquirió más de G. 10 millones en fuegos arti­ficiales, entre ellos la com­pra de “Judas Kái” a precio de oro, porque costó más de medio millón de guaraníes.

CONVOCATORIA DE ORO

La otra pata del esquema fue la coordinación para la presencia de los “patrióticos” manifestan­tes durante las violentas jornadas del 31M. Efraín Alegre pagó por enviar 438.000 mensajes de texto a sus afiliados y por otros 2.000 mensajes de What­sApp para los dirigentes cerca de G. 9.500.000 guaraníes. Resulta one­rosa la cantidad si consi­deramos que la mensaje­ría masiva por WhatsApp es prácticamente gra­tuita.

En una de las facturas paga­das a la empresa “Datos” (propiedad del encues­tador del PLRA, Fabián Martí), para el envío de mensajes a la militancia del PLRA, señala claramente que se paga por difundir mensajes masivos con el título “Atropello al Con­greso Nacional”.

LA LOGÍSTICA, A PUNTO

La convocatoria a miles de afiliados del PLRA para atropellar el Congreso también demandó el pago de más de G. 75 millones a diversas empresas de transporte del país, para que trasladen a los militan­tes hasta Asunción y poste­riormente lo retornen a sus ciudades de origen.

El día anterior al 31M se pagó por la compra de 1.450 banderas con palos la cifra de G. 15.600.000; además, G. 4.000.000 por la elabo­ración de 100 pasacalles que pudieron ser observa­dos colgados en diferentes puntos de la ciudad y el país.

El PLRA también uti­lizó más de G. 9.000.000 de sus fondos partidarios para alquilar sistemas de audio, fijo y móvil, con los que durante toda la jor­nada del 31M incitaron a la violencia. En tanto que la producción audiovi­sual, el alquiler de panta­llas gigantes y proyectores, así como la compra de tele­visores LED le demanda­ron un pago que rondó los G. 11.500.000.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.