Un video difundido a través de WhatsApp y redes sociales muestra a un grupo de colorados afines al diputado Ulises Quintana participando de un encuentro en una vivienda particular.

Durante dicho acto se reproduce un audio del parlamentario en el que se lo escucha decir, entre otras cosas, que agradece “el apoyo y la lealtad hacia la causa”, afirmando que el 24 de marzo (día de las elecciones en Ciudad del Este) “tendrán una contundente victoria y llegarán a la intendencia municipal contra todo pronóstico”.

“Estoy seguro que con Dios y la gente que nos acompaña este sueño se hará realidad para beneficio y bienestar de todas las personas que amamos nuestra querida Ciudad del Este”, finaliza diciendo Quintana en la grabación.

El abogado Álvaro Arias, representante legal de Ulises Quintana, en entrevista con la 970 AM habló sobre este hecho y aclaró que no se trató de una llamada telefónica, tal y como se especuló en un principio, sino de un audio que fue grabado desde la celda en la cárcel militar y posteriormente fue reproducido a través del altoparlante.

Respecto a la postulación de su defendido para la intendencia de Ciudad del Este, reiteró que hoy está definido que no se lanzará como candidato por el movimiento Colorado Añetete sino mediante una chapa independiente, esto considerando las expresiones de los dirigentes de esta agrupación interna de la ANR que lo descartaron de la lista.

Sobre la situación actual de Quintana desde el punto de vista procesal, Arias indicó que no existen pruebas suficientes como para poder atribuirle los hechos punibles de los que la Fiscalía lo había acusado al formular la imputación en su contra.

Asimismo, sostuvo que de los 5.000 audios que posee el Ministerio Público sobre el caso por el que se investiga a Reinaldo “Cucho” Cabaña, en apenas dos de ellos se escucha al diputado colorado, específicamente en relación a una consulta jurídica sobre la retención de 190.000 dólares en una barrera policial en Nueva Londres.

El abogado de Ulises Quintana adelantó que en un plazo de entre 10 a 15 días volverán a solicitar la revisión del caso para tratar de conseguir medidas sustitutivas a la prisión, a fin de que su defendida nuevamente salga en libertad.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.