• POR ROSSANA ESCOBAR M.
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La afinidad de la legisladora con el negocio de alimentos escolares saltó de nuevo la semana pasada, cuando sus colegas de la comisión bica­meral confirmaron que ella “peleó abiertamente” por más plata para el rubro. Uno de los representantes de esta comi­sión sostuvo que “ella fue la fundamentadora” e incluso ahondó más, diciendo que la diputada está operando fuer­temente para desembarcar con el negocio en la Goberna­ción de Cordillera de la mano del efrainista Amado Floren­tín, así también en la Gober­nación de Concepción.

El senador de la bicameral señaló que si se investiga a la parlamentaria “saltarán varias sorpresas como la can­tidad de llamadas que realiza a los gobernadores” por el tema señalado.

SUS EMPRESAS

Aproximadamente una década atrás, Amarilla representaba a la proveedora Masily SA. Recortes periodís­ticos, así como denuncias de concejales departamentales, sacudían en el pasado a esta firma por mala calidad de los productos, insumos vencidos y hasta saltaron acusaciones de que distribuía almidón azucarado en vez de leche en polvo, en Central.

A partir del 2010 comienza a operar en licitaciones de merienda escolar la firma Arcángel SA. Esta sociedad anónima tiene como cara visible a María Isabel Gavi­lán, amiga de la parlamenta­ria y también socia suya de un emprendimiento gastro­nómico. Sin embargo, la dipu­tada Amarilla era una de las dueñas de esta empresa, en la que registró acciones por unos G. 900 millones. Para evitar cuestionamientos, meses antes de ingresar al Congreso “vendí mis acciones en Arcán­gel a mis socios”, dijo.

La diputada intenta desmar­case, pero ella mantiene fuer­tes vinculaciones con la repre­sentante de Arcángel, quien es su amiga y socia de negocios.

La firma Arcángel SA figura con adjudicaciones de con­tratos de provisión de ali­mentos por unos G. 142.224 millones, aproximadamente US$ 30 millones, según el portal de Contrataciones Públicas. La empresa figura como parte de la “tragada” en la Gobernación de Cen­tral, hecho por el cual el ex gobernador Carlos Amari­lla fue imputado en el 2017. Según la denuncia que pre­sentó Contraloría a Fisca­lía, la proveedora cobró por 4.520.530 raciones de galle­titas dulces no distribuidas, las que representan un total de G. 2.350.675.600.

La diputada está vinculada a otra proveedora estrella del rubro alimento escolar que es Ponoty SA, firma que regis­tra en su haber adjudicacio­nes por unos G. 85.889 millo­nes, unos US$ 15 millones. La sociedad fue constituida por su hermano Javier Amarilla y en esta empresa hoy día figura como accionista Rodrigo Amarilla Fernández, quien a la vez es el contador de la firma Arcángel SA.

Infaltable es la presencia de la amiga de la diputada en estos negocios vinculados a la dipu­tada Amarilla. María Isabel Gavilán aparece también como accionista de Pinoty SA.

El accionista de Pinoty, a la vez contador de Arcángel SA, figura como un profesional vinculado a una consultora registrada en la nómina de Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Finan­ciamiento del Terrorismo de la Seprelad.

Pinoty también figura en la denuncia que derivó Con­traloría a Fiscalía, aunque la cifra que se le reclama a esta firma es menor. En teoría, no entregó 653 almuerzos en Central, por un poco más de G. 5 millones.

Sobre Pinoty, la diputada Amarilla dijo que es una antigua SA. “Esa era una SA vieja sin movimiento que nosotros le compramos a mi hermano”, señaló la parla­mentaria. Sin embargo, con­tradictoriamente agregó que ella no es dueña. “Ahí si que menos todavía yo tuve partici­pación. Yo no quise ser dueña de eso porque no me gustó el ramo de los negocios, el tema del almuerzo, etc. Y yo ahí fui gerente comercial, no accio­nista”, refirió.

SIGUE EN PROCESO PENAL

La firma Arcángel todavía no está desvinculada del proceso penal por la “tragada” en la Gobernación de Central. Si bien la diputada Celeste Amarilla señaló que ya presentaron todo el descargo, el proceso toda­vía no se finiquitó.

Cabe recordar que la firma Arcángel incumplió el contrato en la pro­visión de merienda escolar. No entregó 4,5 millones de raciones de galletitas a las escuelas y para salvar esta situación el ex gobernador interino Magno Duarte les firmó una adenda para documentar que supuestamente el ex jefe departamental interino recibió las galletitas.

Duarte se metió en problemas a causa de esta situación y también fue imputado junto con el ex gobernador de Central Carlos Amarilla.

No existen notas de remisión a las escuelas, tal como se establecía en el pliego de bases y condiciones. Así también, el ex gobernador interino vulneró el convenio, ya que la exigencia era que el proveedor debía entregar las galletitas a las directoras de escuelas del departa­mento Central y para cobrar debían presentar las notas de remisión. Cobraron, pero las notas de remisión a las escuelas no existen.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.