Veláz­quez es hermano del vice­presidente de la República, Hugo Velázquez, y había abandonado la milicia por más de un año a pedido pro­pio. Sin embargo, fue nom­brado como comandante de la Armada por el jefe de Estado de manera irregular, al pare­cer en violación al estatuto militar.

Sobre esta situación, el gene­ral retirado Carlos Liseras lanzó una voz de alerta por el efecto que puede tener la decisión presidencial en la moral del cuadro activo. “La moral es muy importante. Si se hace una reincorporación que no está acorde con las normas legales vigentes, el personal dentro de las Fuer­zas Armadas se desmoraliza porque no se está cumpliendo con lo que dice la ley. Ante esa figura, el militar en activi­dad cómo va a cumplir la ley si los superiores no lo están haciendo”, advirtió.

Liseras calificó también el hecho de “grave” al no darse cumplimiento a la ley del estatuto militar, la cual establece las etapas que se tienen que respetar necesa­riamente. “En el caso de que no se hayan aplicado las nor­mas legales vigentes, estamos frente a una situación grave ante la falta de instituciona­lidad y más aún cuando esa falta de institucionalidad toca a una institución mili­tar, en la que la carrera o el plan de carrera es fundamen­tal para que se mantenga la moral del personal en acti­vidad”, destacó.

En ese sentido, instó a las autoridades responsables, en este caso al comandante en jefe y al ministro de Defensa Nacional, para que aclaren “profundamente cómo fue el sistema de la vuelta al ser­vicio de un personal ya reti­rado y si se aplicaron o no las normas”.

El general (SR) Alfredo Luis Machuca también habló sobre el tema y lamentó las irregularidades cometidas por el jefe de Estado. “Hay que decir que es irregular porque él (Velázquez) un año y un mes estuvo en la inacti­vidad a su pedido. Por tanto, la única figura que contem­pla nuestra Ley 1.115/97 del estatuto militar es la reincor­poración, y esa reincorpora­ción se inicia con una nota del afectado, y esa nota del afectado no existe”, expresó en declaraciones realizadas al programa “A Punto”, de la radio 970 AM.

Alegó que la nota de pedido “no existe de ex profeso para que no pase por la Junta de Calificaciones de Servicio porque iban a darle la figura de la reincorporación, y eso implica que sí puede ser rein­corporado, pero debe pasar a la cola de la remesa siguiente y eso es lo que no querían”, aseguró.

IRREGULARIDAD DEL DECRETO

El general Liseras, expresi­dente de la Justicia Militar, explicó que en el decreto pre­sidencial no se menciona la reincorporación. “Formal­mente, cuando se va a incor­porar a un personal, en este caso se aplica la palabra reincorpórase a las Fuerzas Armadas. Eso está estable­cido en el artículo 61 del esta­tuto del personal militar y se aplicó la derogación de un decreto por el cual el viceal­mirante Carlos Velázquez había pasado a retiro. O sea, se deroga ese decreto y, al dero­garlo, inmediatamente queda vigente el decreto por el cual él (Velázquez) se incorporó a las Fuerzas Armadas”, mani­festó.

El militar retirado señaló que el mencionado viceal­mirante retornó a las Fuer­zas Armadas de una manera “atípica”. “Es una manera atípica de volver a traerlo a las filas a un personal que pasó al cuadro de la reserva. Lo que pasa es que si se va a utilizar la figura de la incor­poración, que está en la ley, tiene que pasar a la cola de la remesa anterior. Entonces, si pasa a la cola de la remesa anterior, no va a poder lle­gar”, mencionó.

En otro momento se refirió a las facultades que tiene el presidente de la República. “Se está hablando de que la decisión del comandante en jefe fue constitucional para aplicar la vuelta al servi­cio. La Constitución, en su artículo 38, establece taxa­tivamente que: ‘El presidente de la República, en su carác­ter de comandante en jefe, tiene la atribución de remo­ver o nombrar en un cargo a los comandantes de las fuerzas públicas’. Eso signi­fica que el Presidente puede nombrar o remover del cargo al comandante de las fuerzas militares y al comandante de la Policía Nacional. Ahí tiene facultad discrecional, pero los comandantes de los gra­dos inferiores, que son de las fuerzas públicas, necesaria­mente tienen que regirse por el estatuto del personal mili­tar y en este caso no se aplicó la ley mencionada”, reiteró.

TEMOR ANTE NEFASTO PRECEDENTE

Fuentes militares se comuni­caron con la redacción para manifestar su abierto temor ante el precedente que sienta esta promoción del vicealmi­rante Velázquez. Explicaron que para las siguientes elec­ciones, un alto oficial que aspira a un premio de rango principal se declarará perse­guido, renunciará a la carrera, hará proselitismo abierto y descarado y luego será senci­llamente reintegrado ya como alto mando, relegando a todos los militares institucionalis­tas que supieron mantener su neutralidad en actividades políticas.

¿Vuelven generales con pañuelo colorado?

Militares descontentos con esta designación temen que se vuelva a la época de los oficiales con pañuelo colorado. Se que­jan porque los opositores “aliados” al gobierno de Mario Abdo Benítez no abrieron la boca para cuestionar este atropello.

Indican que podría ser tarde cuando se advierta que detrás de este episodio relacionado con el vicealmirante Carlos Velázquez, hoy comandante de la Armada por parentezco de un hermano político que hoy es vicepresidente de la República, podría escon­derse el resurgimiento del militarismo como tendencia política en el Paraguay.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

Lea también: Kattya fue funcionaria sin concurso, y ahora "el muerto se asusta del degollado"

“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

Leé más: Kattya González fue asesora del Congreso en el pasado

El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

Puede interesar: “Apoyo a emprendedores es fundamental para la generación de empleos”

“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.