El diputado Óscar Tuma, representante de la Cámara Baja en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) expresó a HOY Digital que ya fue recibida la carpeta fiscal para investigar los antecedentes del caso Protek a raíz de las inquietudes en cuanto al procedimiento fiscal.

Sostuvo que existe una responsabilidad civil y otra cosa son las responsabilidades penales, que son atribuidas a personas que hoy ya están identificadas.

Dijo que en el Jurado pretende analizar el caso en torno a las denuncias realizadas por diferentes gremios que rechazan las imputaciones y el pedido de prisión por parte de la Fiscalía de Luis Fernando Fretes Schinini y José Joaquín Castillo Samaniego, director general y gerente de Protek, respectivamente.

RELACIÓN CON SIT

Una de las dudas que surgen se basa en el actuar de la fiscal María Teresa Ruíz Díaz quien es esposa del abogado y ex fiscal Juan Claudio Gaona. El que fuera agente del Ministerio Público cobró notoriedad luego de ser filmado luego de cobrar una coima de G. 90 millones, en el 2009, para no imputar a un empresario.

Hoy en día, Gaona es el asesor jurídico de la empresa de seguridad SIT, competencia directa de la firma Protek, lo cual despierta sospechas, ante la posibilidad de que haya una supuesta parcialidad por parte de la fiscal.

Sobre el punto, Tuma dijo que es una cuestión subjetiva y que una eventual recusación de la fiscal debe ser un criterio que evalúe la defensa de los directivos de la firma.

“Lo que nos compete es el debido proceso. Sobre todo el control jurisdiccional en torno a la actividad fiscal. Acá todavía no se puede hablar de un enjuiciamiento”, dijo Tuma, quien adelantó que aún no se puede saber cuándo tendrán una determinación sobre el caso.

EL CASO

El 15 de junio de 2017, los guardias de Protek Julián Herenio Benítez y Tomás Blanco Ojeda, persiguieron a un automóvil guiado por Mauricio Alejandro Benítez Torres (22). En las inmediaciones del Jardín Botánico, Benítez disparó contra el vehículo y alcanzó al conductor, quien falleció.

El conductor del vehículo resultó ser el hijo de la mujer quien dio aviso a la empresa Protek de que su vehículo estaba siendo sustraído. Ambos guardias fueron imputados por violación a la ley de armas además de homicidio doloso para Benítez y pulposo para Blanco Ojeda.

Además fueron imputados los directivos de la firma Protek, por supuesta responsabilidad civil en el caso.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.