Un grupo de funcionarios presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra José Enrique García por una serie de presuntas irregularidades. En primer lugar, sostienen que se autorizó la contratación de la Consultora CAE, representada por Norma María Martínez Irigoitia y Marcelo Scappini Ricciardi, para la elaboración del manual de funciones del ente.

Ambos cobraron G. 108 millones cuando finalizó el contrato, en noviembre del 2017. Sin embargo, en la Contraloría no existe un documento que avale la realización del trabajo. Pese a este antecedente, Martínez Irigoitia fue nombrada en el mismo mes de noviembre como directora general de Gabinete del contralor.

En paralelo, la Dirección General de Planificación de Informes es la responsable de elaborar la estructura orgánica y funcional del manual de funciones de la Contraloría. Esta dependencia, que está a cargo de Zulma Coronel de Hellman, está realizando el trabajo que tuvo que haber sido llevado a cabo por la consultora por lo que el pago de G. 108 millones no se justifica.

Por otro lado, los funcionarios en la nota criticaron la autoasignación de viáticos pagados de más para el viaje a Madrid, España, en noviembre del 2017. El evento duró cuatro días pero se le asignó gastos por 10 días y, según cálculos, el contralor tuvo que haber llevado solo G. 12 millones y no G. 21 millones como lo hizo.

También mencionan que en diciembre del 2016 se promulgó la ley que amplió el presupuesto para la Contraloría que en teoría iba a servir para funcionarios pero que el contralor, en un “evidente uso de sus facultades discrecionales” priorizó el nombramiento en estos rubros a sus allegados, modificando incluso la estructura de la organización.

Finalmente, los funcionarios piden que se libre oficio a la Contraloría solicitando informes de los trabajos realizados por la consultora para elaborar el manual de organización y funciones. También solicitan fijar audiencia testifical para Zulma Coronel de Hellman, directora de Planificación de Informes.

También piden audiencia y se impute al contralor José Enrique García y finalmente se traiga a la vista el contrato entre la Contraloría y la Consultoría CAE.

RENUNCIA

A través de una carta cuya copia fue remitida a la redacción de HOY Digital, Quiñónez Astigarraga, director general de Control de Organismos Municipales y hermano de la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, enumeró tres motivos por los cuales presenta su renuncia a la Contraloría.

En primer lugar dijo que la dirección a su cargo sufrió un sinnúmero de situaciones “poco profesionales” y un “desgaste institucional”, empezando por la eliminación de la facultad de controlar las rendiciones de cuentas de las instituciones.

“En los últimos tiempos he recibido denuncias verbales de varios intendentes que alegan que funcionarios recientemente nombrados y que responden a la jefa de Gabinete, Martínez Irigoitia, han solicitado audiencias privadas para discutir la suerte de las auditorías”, expresó.

Indicó que luego de haberse solicitado el juicio político a García, fueron enviadas notas a casi el 90% de las municipalidades de todo el país buscando someterlas a sus intereses políticos y personales. “Con esto se estaría gestando la entrega de favores políticos a cambio de impunidad y sacando a funcionarios de carrera para ubicar a operadores políticos sin idoneidad, denigrando la institucionalidad y obstruyendo claramente el sentido de transparencia de la institución”, agregó.

Por otro lado, siempre según la carta, la Opaci y sus integrantes firmaron una nota manifestando que no permitirán el ingreso de auditores hasta tanto García no se aparte del cargo en razón de la imputación fiscal que pesa en su contra.

“A este extremo debemos adicionar que los propios auditores me han señalado que no tienen la intención de salir al interior a realizar los trabajos de auditorías porque se sienten avergonzados por la discriminación que reciben”, sostuvo.

Indicó que a los funcionarios les dicen que la institución no tiene altura moral para realizar trabajos de control cuando su propia cabeza tiene asuntos pendientes con la justicia, además de distintos cuestionamientos éticos en su función.

“Los funcionarios de la Contraloría solicitaron al señor contralor que se aparte del cargo mientras dure la investigación penal. El señor contralor y todos los directores generales hemos apoyado la remoción de los cargos y hemos apartado de los trabajos de auditorías a todos los funcionarios que han sido imputados por el Ministerio Público en los últimos meses (cualquiera sea el motivo de la imputación)”, añadió.

Finalmente, Quiñónez Astigarraga sostiene que le parece una “falta de coherencia” del contralor que no se aparte del cargo y que no adopte el mismo criterio que hasta hoy se ha tenido para los funcionarios.

“Yo renuncio y espero que usted también lo haga, por el bien de la institucionalidad y la transparencia”, culmina.

José Enrique García se encuentra imputado por la Fiscalía y a las puertas de un juicio político en el Congreso. Ya habrían los votos para iniciar el proceso y podrían sacarlo del cargo de contralor.

El reporte indica que personal del departamento de Investigación de Homicidios de Central, tras un trabajo de inteligencia, logró la ubicación del hombre que era buscado procediendo a la detención del mismo en cumplimiento al oficio de la fiscal Karen Chaparro.

El hombre fue convocado para que preste declaración indagatoria a las 8:00 horas de este sábado, en la sede fiscal de Mariano Roque Alonso.

Puede interesar: Conceden media sanción para declarar en emergencia a Misiones

Cabe recordar que el cuerpo de Irma Rosana fue encontrado el martes por unos militares que realizaban trabajos de limpieza en un predio baldío. La autopsia reveló que la mujer sufrió una herida punzante a la altura del pecho.

Se realizaron los trabajos de rigor en la vivienda de la víctima de donde se levantaron muestras que fueron analizadas en el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.

El jefe del área, el doctor Máximo González, informó que para el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer disponen de 12 camas de internación y 4 sillones para infusión de terapia en el Hospital Día.

“Hacemos aproximadamente entre 500 y 600 quimioterapias por mes. El Hospital Día funciona de lunes a jueves en tres turnos, mañana, tarde y noche. Aunque a veces no podemos cumplir con el turno noche al no contar con suficiente cantidad de recursos humanos, pero seguimos trabajando a tope y en la medida de nuestras posibilidades”, refirió.

Puede interesar: Conceden media sanción para declarar en emergencia a Misiones

Agregó que actualmente llegan hasta el servicio entre 20 y 25 pacientes nuevos por semana, todos remitidos con diagnóstico de cáncer. Cabe mencionar que el Departamento de Oncología de Adultos cuenta con cinco oncólogos especializados que atienden las distintas patologías y que están subdivididas en áreas como la urogenital, de mama, colon, melanomas y tumores raros; por otro lado los tumores de cabeza y cuello, cáncer de pulmón y de tórax.

En ese sentido, se realiza un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional del Cáncer INCAN, para asegurar el acceso a los medicamentos oncológicos. Esto, gracias a un convenio institucional, que permite que cada mes el Hospital de Clínicas reciba los fármacos de acuerdo a la cantidad de pacientes en tratamiento.

“Cada mes enviamos el listado de pacientes en tratamiento y ellos nos envían los medicamentos. A veces los que más escasean son los medicamentos de alto costo como los de inmunoterapia o anticuerpos monoclonales, pero en general tenemos y podemos cubrir la demanda de nuestros pacientes”, acotó el jefe médico.

Lea también: Piden prisión de imputados por millonario robo a cambista

Los pacientes que quieran consultar con especialistas oncólogos del Hospital de Clínicas deben agendarse de manera presencial por ventanilla, de lunes a viernes, desde las 7:00 hasta las 19:00 horas. El paciente puede acudir preferiblemente con una nota de remisión o en todo caso, traer su resultado de biopsia para iniciar el proceso.

En un encuentro con productores cooperativizados del departamento de Itapúa, el presidente Santiago Peña manifestó hoy su determinación de apoyar al sector productivo paraguayo.

Señaló que nuestro país está en condiciones de cumplir absolutamente toda la normativa, refiriéndose a la Resolución 1115 de la UE, pero que no permitirá que se arrebaten o desconozca los derechos de Paraguay.

“Hoy venimos a hablar efectivamente de la Resolución 1115, que está hoy en discusión su entrada en vigencia establecida para enero del próximo año. Y nosotros venimos a ratificar la defensa del sector productivo paraguayo, que no vamos a negociar, así como no permitimos que se desconozcan los derechos del Paraguay con el Brasil”, expresó el mandatario.

Señaló que así como frente a Brasil el Gobierno estuvo nueve meses defendiendo con argumentos técnicos lo que es de los paraguayos, así también saldrá a defender ante cada uno de los organismos que nos quieran cuestionar, la posición de seis millones de paraguayos.

“También tenemos que salir a defender nuestro sector productivo, también tenemos que salir con jerarquía, con conocimiento, con técnica, a desmentir muchas veces la imagen que se quiere construir desde el Paraguay para afuera”, agregó.