Trabajadores de instituciones públicas como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto de Previsión Social (IPS, la seguridad social paraguaya), así como miembros de centrales sindicales se manifestaron ante la sede del Ministerio de Trabajo, en el centro de Asunción.

Sus reclamos se centran en el pedido de un reajuste salarial equivalente al 30 %, “que no es un aumento, sino una subida proporcional a la tasa de inflación”, explicó Julio López, dirigente de la central Confederación de la Clase Trabajadora (CCT).

El salario mínimo interprofesional se sitúa actualmente en 1.824.055 guaraníes, una cifra que se ha mantenido inalterable desde 2014, cuando el Poder Ejecutivo decretó un reajuste del 10 %.

Los trabajadores solicitan un nuevo ajuste que responda a la pérdida del poder de compra real de los salarios de los paraguayos, pese a que el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, descartó esta posibilidad.

Otro pedido de las centrales obreras es el “cese de la persecución y represión contra dirigentes sindicales” que, según López, se materializa en “despidos, presiones e incluso imputaciones penales”.

Recordó el caso de once trabajadores pertenecientes a la Liga de Obreros Marítimos que permanecen bajo arresto desde hace más de un año tras participar en protestas laborales en el Puerto de Caacupemí.

También se refirió a los chóferes de la línea 49, despedidos en junio del año pasado tras conformar un sindicato, y que protestan desde entonces en carpas instaladas frente a la sede del Ministerio de Trabajo.

La movilización de este Primero de Mayo se produce una semana después de que los campesinos alcanzaran un acuerdo con el Gobierno para la refinanciación de las deudas que habían contraído para producir sus cosechas, un pacto logrado después de 23 días de movilizaciones.

Luis Aguayo, coordinador de la Mesa Intersectorial que convocó a estas manifestaciones, declaró que el acuerdo transmite el mensaje de “una unión entre el campesinado y los obreros de la ciudad” y que las más de tres semanas de protesta instauraron “un doctorado en la lucha social de masas”.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.