La orden de desalojo y de captura fue firmada por la jueza Sandra Regina Porto Varela, a pedido del fiscal Alfirio González. Este alega que su suegra esgrime comportamiento violento, lo cual torna impracticable la convivencia con la misma.

El fiscal González remitió a la comisaría local un escrito en el que conmina la ejecución de la medida al comisario y los agentes, so pena de que si así no lo hicieran, serán todos trasladados a otras jurisdicciones alejadas de sus residencias.

“Según los policías de Nueva Londres , el fiscal Alfirio Gonzalez le daba tiempo hasta el lunes para aprehender a la anciana y poner a cargo de la justicia, De lo contrario todos los policías serán trasladados por incumplir la orden de detención según los uniformados”, informó el periodista Mariano López, de la emisora 970 AM.

Vecinos de la anciana criticaron la falta de consideración del fiscal y la jueza, y a través de medios de comunicación del depatamento y en las redes sociales, pidieron la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para someter a juicio a los mismos.

ACLARACIÓN

La jueza Sandra Porto remitió documentación a nuestro diario mediante la cual muestra que solo declaró en rebeldía a la señora Lidia Lopez de Smith, de 70 años, por no haberse presentado a su audiencia indagatoria donde se debía adoptar una medida cautelar, al solicitarse su arresto domiciliario, tras ser denunciada por sus hijos por presuntamente maltratar a su esposo.

“La audiencia se fijó para el 11 de junio. Los funcionarios me informaron que fue notificada en tiempo y forma, pero que no compareció y no justificó. Cuando el procesado no se ha presentado y no justifica, necesariamente es declarado en rebeldía y cuenta orden de captura, para que comparezca para la audiencia. Cuando ya se presenta, se extingue el estado de rebeldía”, refirió.

La magistrada explicó que la imputación por violencia fue presentada por la fiscal Gladys Torales, no así por el yerno de mujer, el fiscal Alfirio González, tal como se mencionó. “Me sorprendió e indignó esto porque no hubo decisión de desalojo. Nunca hablé con el fiscal Alfirio. Lo que haya hecho (de haber existido el desalojo) yo no presencié ni autoricé”, indicó.

Ante el involucramiento a un hecho que no tuvo participación, Porto ratificó que ya remitió los documentos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para explicar lo ocurrido.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.